Malvinas: Argentina pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion

La Argentina y el Reino Unido protagonizaron este martes 10 de noviembre un fuerte cruce jurídico ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Gobierno argentino pidió medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca norte del archipiélago.

La audiencia continuará este miércoles 11, con una segunda ronda de exposiciones de ambas delegaciones. El tribunal deberá resolver si corresponde imponer medidas mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia de fondo. La discusión actual no busca que los jueces definan la soberanía sobre las islas ni la delimitación marítima, sino que establezcan obligaciones temporales sobre la explotación de los recursos.

El planteo argentino: frenar la explotación y proteger los recursos

La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y tiene como agente al embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería. También participan funcionarios de Economía y de la Procuración del Tesoro, junto con especialistas en derecho internacional como Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

Ante los 21 magistrados, Oyarzábal sostuvo que las decisiones unilaterales del Reino Unido afectan derechos argentinos sobre la plataforma continental. Su exposición se apoyó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de la ONU, que reconocieron la existencia de la disputa e instaron a evitar medidas unilaterales mientras siga abierta.

El pedido presentado por la Argentina el 13 de octubre contempla cuatro medidas: impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en Sea Lion, evitar nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante la exploración y garantizar la protección del medio marino.

“La explotación de recursos de la plataforma continental en disputa no puede avanzar unilateralmente”, fue el eje de la posición argentina. Oyarzábal también rechazó que la autodeterminación invocada por Londres habilite a los habitantes de las islas a decidir sobre los recursos de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

La advertencia por un posible derrame

El riesgo ambiental ocupó otro tramo central de la presentación. El representante argentino recordó un incidente ocurrido en abril de 2015, cuando falló un preventor de reventones en un pozo exploratorio ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento.

Además, citó un plan de contingencia de una de las empresas licenciatarias que, según expuso, estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Oyarzábal advirtió que, ante un derrame, la Argentina podría afrontar consecuencias ambientales y tareas de respuesta pese a no controlar las operaciones. La presentación vinculó ese escenario con las obligaciones internacionales de protección del ambiente marino.

La respuesta del Reino Unido

La representación británica rechazó la competencia del Tribunal del Mar para intervenir en el caso. La fiscal general de Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, sostuvo que las medidas solicitadas por Buenos Aires tendrían “consecuencias devastadoras” para los habitantes de las islas, porque impedirían desarrollar los recursos naturales que, según la postura británica, les corresponden.

Reeves afirmó que una suspensión pondría en riesgo ingresos por miles de millones de libras y podría hacer inviable el proyecto. También cuestionó el argumento ambiental argentino al señalar que el país autorizó más de 400 pozos en sus propias aguas y que no participó en las consultas realizadas en 2024 sobre la evaluación de impacto ambiental de Sea Lion.

La delegación británica volvió a invocar el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus político británico. La Argentina, por su parte, sostiene que esa consulta no modifica la naturaleza de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

Cuándo podría comenzar la explotación

Otro de los argumentos británicos apuntó a la falta de urgencia. El representante Sir Michael Wood sostuvo que la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028. También señaló que el área registra actividad exploratoria desde 1998 y que ambos países ya designaron árbitros para el procedimiento principal.

La audiencia de este miércoles será la última instancia de alegatos ante el TIDM antes de que los jueces deliberen. El organismo deberá determinar si se cumplen las condiciones para dictar medidas provisionales, sin resolver todavía la controversia de fondo sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.