Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió cambiar la causa de fuero

El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno y pidió que la investigación pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El dictamen, presentado ante el juez Ariel Lijo, plantea que se analice una posible evasión tributaria vinculada con el patrimonio del exfuncionario.

La decisión se fundamenta en que no pudo descartarse que los fondos investigados hubieran sido obtenidos antes de que Adorni asumiera funciones en diciembre de 2023. Tampoco se acreditó una relación entre ese capital y un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita vinculada con el ejercicio del cargo.

El planteo no significa un sobreseimiento ni el cierre de la causa. Ahora, Lijo deberá resolver si acepta el pedido de la fiscalía y dispone el traslado del expediente al fuero penal económico.

La explicación basada en inversiones en Bitcoin

La defensa de Adorni sostuvo que buena parte del dinero cuestionado provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Poder Ejecutivo.

Según esa versión, el exfuncionario habría invertido cerca de USD 200.000 y posteriormente liquidado los activos por USD 591.544,61, fondos que aseguró haber conservado en efectivo.

Una pericia técnica confirmó que la defensa tenía bajo su control las claves de ocho billeteras digitales. Sin embargo, no pudo determinar quién las administraba durante los años en los que supuestamente se realizaron las operaciones.

Para Pollicita, la explicación no pudo comprobarse de manera definitiva, pero tampoco fue posible descartarla. La reconstrucción patrimonial también identificó ingresos formales del matrimonio por aproximadamente USD 493.000 hasta 2018, además de compras de dólares y la venta de un inmueble heredado en La Plata por USD 50.000.

Esos antecedentes no demuestran que la inversión en criptomonedas haya existido en los términos planteados por la defensa, aunque permiten considerarla económicamente posible.

Los indicios de una posible evasión tributaria

Aunque el fiscal consideró insuficientes las pruebas para sostener el enriquecimiento ilícito, identificó elementos que justifican continuar investigando posibles irregularidades fiscales.

Entre ellos mencionó la incorporación de información en declaraciones juradas rectificativas, ahorros familiares que habrían permanecido fuera del sistema bancario y bienes que no fueron declarados durante varios ejercicios fiscales.

También puso el foco en el uso predominante de efectivo, la intervención de terceros en distintas operaciones y la exteriorización de fondos después del inicio de la investigación.

Según el relevamiento fiscal, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se registraron erogaciones por USD 402.578,12. De ese total, USD 374.081,66 habrían sido abonados en efectivo.

La Justicia Penal Económica deberá determinar si existieron irregularidades en las declaraciones y pagos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

Las propiedades y las refacciones bajo investigación

Entre las operaciones examinadas figuran una vivienda en el country Indio Cuá, escriturada a nombre de Bettina Angeletti por USD 120.000, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por USD 230.000 mediante una financiación privada sin intereses.

La fiscalía también analizó los gastos de remodelación de la propiedad en el barrio privado. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado USD 245.000 en efectivo y sin emitir facturas, mientras que Adorni sostuvo que las obras habían costado USD 175.000.

Pollicita solicitó que se investigue la posible responsabilidad tributaria de los desarrolladores inmobiliarios involucrados y del contratista.

Además, pidió remitir actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones.

De esta manera, la investigación sobre el patrimonio de Adorni podría cambiar de jurisdicción y de eje: por ahora, la fiscalía no encontró elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito, pero considera que todavía deben esclarecerse posibles irregularidades impositivas.