Triple crimen de Varela: hallaron un video clave de las torturas
Un video encontrado en el celular de un narcotraficante peruano registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez antes del triple femicidio de Florencio Varela. La grabación puso bajo la lupa el papel de Roger y Pequeño J en la organización criminal. La Fiscalía pidió evitar la difusión de las imágenes para proteger a las familias.
La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó una prueba clave: un video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, en septiembre de 2025. La grabación fue encontrada en el teléfono celular de un narcotraficante peruano y entregada al juez federal Jorge Rodríguez, a cargo de la causa.
El material, de poco menos de tres minutos, fue descubierto durante una investigación por narcotráfico encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Según la información judicial difundida, las imágenes muestran cómo Lara fue sometida a torturas antes de ser asesinada. Por su contenido extremadamente violento, la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón pidió a los medios de comunicación que no lo reproduzcan.
Roger, en el centro de la investigación
El principal señalado en la grabación es Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como Roger, un ciudadano peruano de 35 años al que los investigadores identifican como organizador de una estructura dedicada al narcotráfico.
El video fue recuperado de un teléfono secuestrado durante un procedimiento y peritado por especialistas. En las imágenes también aparece Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 21 años, quien inicialmente había sido señalado como uno de los principales responsables del triple crimen.
El nuevo material modificó el escenario de la investigación sobre la estructura criminal y puso bajo análisis el verdadero papel que desempeñaban sus integrantes. Según las fuentes judiciales citadas en las primeras informaciones, Roger habría tenido una posición jerárquica superior a la que inicialmente se le atribuía a Pequeño J.
La principal hipótesis sobre el móvil de los asesinatos apunta a una venganza por el supuesto robo de 30 kilos de cocaína, atribuido a una persona conocida de una de las víctimas.
Los procedimientos por narcotráfico y la detención
La jueza Arroyo Salgado había enviado la grabación a su colega Rodríguez el 16 de octubre. Diez días antes, durante un allanamiento realizado en La Reja, partido de Moreno, había ordenado el secuestro de 207 kilos de cocaína pertenecientes a la organización investigada.
Posteriormente, procesó con prisión preventiva a los integrantes de la estructura por tráfico de estupefacientes y señaló a Roger como organizador. También solicitó al Servicio Penitenciario Federal que fuera alojado bajo un régimen de alto riesgo y separado de los detenidos por el triple femicidio.
Este miércoles 4 de noviembre, el juez Rodríguez ordenó la detención de Macalopu Cafferata en el expediente que investiga los asesinatos. La medida busca avanzar sobre su presunta participación directa en los hechos.
Por su parte, Pequeño J fue detenido en Perú y posteriormente extraditado a la Argentina para responder ante la Justicia.
La Fiscalía pidió no difundir las imágenes
En paralelo, la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, difundió un comunicado en el que exhortó a los medios de comunicación y profesionales de prensa a evitar la publicación de videos e imágenes relacionados con las tres víctimas.
El pedido busca impedir la revictimización de las jóvenes y sus familiares, además de preservar el avance de una investigación que permanece bajo secreto de sumario.
La fiscalía fundamentó su posición en la Convención de Belém do Pará y en las leyes nacionales 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, y 27.372, de derechos y garantías de las víctimas de delitos.
A este reclamo se sumó la familia de Brenda del Castillo, que presentó una medida cautelar ante la Justicia para solicitar que el video sea retirado de internet, se impida su reproducción y se investigue cómo se filtró el material. También pidió medidas de protección para una familiar que habría recibido amenazas después de la difusión de las imágenes.
El hallazgo de la grabación abrió una nueva etapa en una causa que busca establecer las responsabilidades individuales y la estructura de la organización criminal detrás de los asesinatos.
