Exintendente de Las Aguadas irá a juicio por fondos municipales

El exintendente comisionado de Las Aguadas, Ramón Ezequiel Cruz, irá a juicio acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y presuntas irregularidades vinculadas con la desaparición de documentación municipal. El juez de Garantía N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari, dispuso la apertura del proceso luego de rechazar un planteo de nulidad presentado por la defensa.

Durante la audiencia de control de acusación, realizada el 13 de octubre en los tribunales de Concarán, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación comprende siete hechos ocurridos durante la gestión de Cruz, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.

Según la investigación, en ese período ingresaron a las arcas municipales $23.572.257,26 de fondos provinciales sin que se presentaran las rendiciones de cuentas correspondientes ni documentación que permitiera comprobar el destino del dinero. Actualizado por inflación hasta julio de 2026, ese monto equivale a unos $819,9 millones.

La causa corresponde a Ramón Ezequiel Cruz y es independiente del proceso penal que enfrenta su padre, Ramón Eulogio Cruz, también exintendente de Las Aguadas, por presuntas irregularidades vinculadas con otra etapa de la administración municipal.

Cinco períodos sin rendición de cuentas

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado de San Luis. De acuerdo con la acusación, el entonces intendente tenía la obligación legal de presentar balances trimestrales que detallaran los ingresos, los gastos y los comprobantes respaldatorios de la administración municipal.

La Fiscalía le atribuyó la omisión de cinco rendiciones consecutivas: la correspondiente al último trimestre de 2019 y las cuatro de 2020. Los plazos legales vencieron entre enero de 2020 y enero de 2021 sin que, según la acusación, se presentaran los balances exigidos.

Una pericia contable determinó que durante esos cinco períodos ingresaron más de $23,5 millones de fondos provinciales. El Tribunal de Cuentas, además, formuló cargos administrativos por la falta de rendiciones y de documentación que permitiera verificar la utilización de los recursos.

Más de 780 cheques bajo investigación

Otro eje de la acusación es el presunto peculado. Según una pericia contable, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 egresaron $23.627.964,48 de una cuenta bancaria de la Municipalidad de Las Aguadas.

De ese total, $23.621.044,06 se retiraron mediante 786 cheques, equivalentes al 99,97% de los movimientos de egreso registrados en el período analizado.

La investigación señaló que los cheques examinados no identificaban a sus beneficiarios y que no se encontraron órdenes de pago, facturas, recibos u otros comprobantes que permitieran determinar si el dinero se destinó a fines públicos.

La pericia también detectó 321 cheques por $8.770.256,75 depositados en cuentas de 21 entidades bancarias. Dentro de ese conjunto, 65 cheques por $2.551.238,53 fueron acreditados en cuentas de terceros cuyos titulares no pudieron ser identificados.

Para la Fiscalía, estos elementos respaldan la acusación por peculado. La determinación de las responsabilidades penales, sin embargo, deberá ser resuelta durante el juicio.

El perjuicio actualizado se acerca a los $820 millones

La pericia contable calculó que los $23.572.257,26 de fondos provinciales recibidos durante el período investigado equivalían a $819.934.018,19 a valores de julio de 2026, tras aplicar el Índice de Precios al Consumidor nacional.

La especialista pudo establecer los ingresos y egresos de la cuenta municipal, pero indicó que no fue posible verificar la utilización de los recursos debido a la ausencia de documentación respaldatoria.

La cifra constituye una estimación técnico-contable basada en la actualización por inflación del monto original. La valoración de esa prueba y la determinación de eventuales responsabilidades corresponderán al tribunal que intervenga en el debate oral.

La acusación por la desaparición de documentación

El séptimo hecho atribuido a Cruz se relaciona con la presunta sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de documentación contable, financiera y administrativa que debía permanecer bajo su custodia.

Según la acusación, al finalizar la gestión no se encontraron balances, libros contables, órdenes de pago, facturas, recibos, inventarios ni otros registros necesarios para reconstruir la administración municipal de los períodos investigados.

Para los fiscales, la falta de esos documentos, sumada a las rendiciones pendientes, impidió verificar el destino de los fondos. Por ese motivo, la investigación se apoyó principalmente en información bancaria, pericias contables y registros de organismos de control.

La defensa pidió la nulidad y el juez rechazó el planteo

Durante la audiencia, el abogado defensor Juan Orlando Villegas cuestionó el sustento jurídico de la acusación y solicitó que fuera declarada nula.

Entre sus argumentos, sostuvo que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público estaba prescripto y que la imputación por peculado carecía de fundamento legal. También planteó que la Fiscalía había incorporado hechos nuevos y se había apartado de la teoría del caso expuesta durante la formulación de cargos, lo que, a su criterio, afectaba el debido proceso y el principio de congruencia.

El Ministerio Público Fiscal rechazó esos cuestionamientos. Sostuvo que los delitos incluidos en la acusación eran los mismos por los que se habían formulado cargos el 8 de mayo de 2025 y que la defensa había tenido acceso a las actuaciones y a los elementos probatorios. La Fiscalía de Estado respaldó esa postura.

Tras escuchar a las partes, Fornasari rechazó el planteo de nulidad, admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio. Durante la misma audiencia también se debatió la prueba testimonial y documental que se utilizará en el proceso.

La causa será tratada por un tribunal colegiado integrado por miembros de la Sala Penal de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, salvo que la defensa opte por un juez unipersonal. Cruz no asistió a la audiencia y justificó su ausencia mediante un certificado médico.