Capital Humano llevó a la Justicia al diputado de Juan Grabois

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman y otras cuatro personas por los incidentes registrados durante la toma del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. La presentación incluye acusaciones por usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño a la propiedad pública.

La denuncia se conoció este jueves, un día después de que estudiantes universitarios ingresaran al edificio ubicado en Pizzurno 935, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta comenzó con una sentada y derivó en la ocupación del hall central, donde los manifestantes reclamaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Durante el ingreso se produjeron empujones con efectivos de la Policía Federal, que intervinieron para impedir el avance. Finalmente, los estudiantes fueron desalojados.

El cruce entre Javier Milei e Itai Hagman

El episodio generó un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman por su presencia en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial.

El diputado rechazó las críticas y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

Desde Capital Humano sostuvieron que durante los incidentes se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación incluyó acciones violentas. Pettovello resumió la postura del Gobierno con una frase publicada en redes sociales: “Por la fuerza, nada”.

El ministerio también remarcó que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco legal y con respeto por las instituciones democráticas. La denuncia busca establecer las responsabilidades por los hechos, que deberán ser investigados por la Justicia.

Los antecedentes de Hagman y Juan Grabois

La presencia de Hagman en la protesta volvió a poner en primer plano sus antecedentes en una ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el diputado había participado junto con Juan Grabois y otros integrantes del Frente Patria Grande de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

La protesta había sido organizada en rechazo al cierre del organismo dispuesto por la administración de Javier Milei. En aquella oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. También participó la diputada nacional Natalia Zaracho.

El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó la libertad al día siguiente y posteriormente fue procesado por ese episodio.

Qué reclamaban los estudiantes universitarios

Los manifestantes que ingresaron al Palacio Pizzurno pertenecían a distintas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín.

Además de exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y una reunión con Torrendell para obtener respuestas sobre la situación presupuestaria de las casas de estudio.

La protesta se produjo después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional, el 6 de octubre, una cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la implementación inmediata de la norma, mientras que el Gobierno apeló la resolución.

El conflicto se profundiza antes de la Marcha Federal Universitaria

La denuncia penal se suma a la disputa entre el Gobierno y las universidades por los recursos destinados al sistema de educación superior. Desde el Ejecutivo sostienen que la cuestión del financiamiento está judicializada y destacan las partidas previstas en el Presupuesto 2027.

En ese contexto, la toma del Palacio Pizzurno ocurrió a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la protesta como una acción política vinculada con esa movilización.

El conflicto continúa abierto tanto en el plano judicial como en el político, mientras las universidades y las agrupaciones estudiantiles mantienen sus reclamos para que se cumpla la ley aprobada por el Congreso.