21 septiembre, 2026

Auditoría en ANDIS: detectaron un desfase de más de $158.000 millones en los registros de deuda

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Una auditoría realizada durante la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad detectó una diferencia de $158.717 millones entre dos registros internos de deuda exigible. El informe también cuestionó el uso de la figura de “legítimo abono” para pagar bienes y servicios sin los procedimientos ordinarios de contratación. La revisión abarcó la gestión hasta agosto de 2025.

Una auditoría realizada durante la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos registros internos de deuda exigible del organismo. El hallazgo surge de la comparación entre la información aportada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), responsable de programas como Incluir Salud.

El dato aparece en el informe de intervención que revisó el funcionamiento de la agencia hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno desplazó a su entonces titular, Diego Spagnuolo. El relevamiento incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipamiento, contratos, personal y declaraciones juradas.

La diferencia detectada no implica por sí misma que esos $158.717 millones hayan desaparecido o que representen un faltante de fondos. Se trata de un desfasaje entre los montos informados por dos áreas del organismo. La DNASS presentó el nivel de deuda más elevado y los auditores solicitaron documentación adicional sobre pagos y compromisos para determinar el origen de las diferencias.

Según el informe, también se advirtieron posibles imprecisiones en la información aportada por la DNASS. De acuerdo con explicaciones recogidas durante la auditoría, algunas diferencias podrían estar relacionadas con errores involuntarios en la carga de datos realizada por prestadores.

El documento puso además bajo la lupa el mecanismo denominado “legítimo abono”, utilizado por la administración pública para reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

La auditoría señaló que, al momento del corte, la ANDIS continuaba utilizando esa modalidad y que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios. El informe recordó que la regla general establecida por el Decreto 1023/2001 contempla procedimientos como licitaciones o concursos y advirtió sobre los riesgos que implica prescindir de mecanismos que permiten comparar ofertas y condiciones.

El relevamiento no logró identificar de manera individual qué pagos habían sido realizados mediante “legítimo abono”. Sin embargo, sí estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Dentro de ese universo aparece Suizo Argentina, que según el informe recibió $108.258 millones, principalmente por medicamentos vinculados con el programa PACBI. Desde la empresa rechazaron cualquier vinculación con las irregularidades investigadas y sostuvieron que sus actividades comerciales son lícitas.

El informe se incorpora a una causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la ANDIS. La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y analiza posibles irregularidades en contrataciones, direccionamiento de compras y presuntos pagos de coimas.

Según la acusación fiscal difundida durante la investigación, el supuesto esquema habría incluido retornos de hasta el 20% sobre determinadas adjudicaciones. Esa hipótesis forma parte de la causa penal y todavía debe ser acreditada judicialmente.

La investigación también continúa con el análisis de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen al caso. Gendarmería inició en agosto una pericia sobre más de 50 archivos para determinar su origen y características. En septiembre, los peritos oficiales suspendieron el cotejo de voz con Spagnuolo mientras evalúan si cuentan con material adecuado para realizar esa comparación.

De esta manera, el nuevo informe de auditoría suma un elemento más al expediente: no solo quedaron bajo revisión las contrataciones y los mecanismos de pago, sino también la consistencia de los registros internos sobre las deudas de la agencia.

El desfase de más de $158.000 millones deberá ahora ser explicado y documentado para establecer cómo se originó la diferencia entre las áreas involucradas y qué impacto tuvo sobre las cuentas y obligaciones de la exANDIS.

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