Dos presos planeaban asesinar a una fiscal desde cárceles bonaerenses y fueron descubiertos a tiempo
La DDI de San Isidro desbarató un presunto plan para atacar a la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne. Dos detenidos, alojados en cárceles diferentes, mantenían comunicaciones y habrían coordinado una represalia contra la funcionaria. En los operativos secuestraron tres celulares que serán peritados.
Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Rettori se encontraba en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini estaba alojado en la Unidad 21 de Campana. A pesar de estar separados por decenas de kilómetros, los investigadores detectaron que mantenían contacto desde sus lugares de detención.
La investigación se originó a partir de la causa en la que ambos habían sido detenidos por una organización dedicada, según la acusación, a cometer robos bajo la modalidad de entraderas y escruches. El grupo utilizaba un mecanismo que incluía la duplicación de llaves de vehículos estacionados en cocheras para luego ingresar a las viviendas de sus propietarios.
Al analizar uno de los teléfonos secuestrados en aquella investigación, aparecieron mensajes y audios en los que Rettori y Libertini hablaban sobre un posible ataque contra Hertrig. En las comunicaciones había fotografías de la fiscal, de su domicilio y de integrantes de su familia, además de información sobre sus teléfonos y los vehículos que utilizaba.
En uno de los audios incorporados al expediente, uno de los sospechosos habría planteado dos alternativas para atacar a la funcionaria: enviarle una corona fúnebre a su domicilio o esperarla cuando saliera de su casa. También mencionó los vehículos que utilizaba habitualmente la fiscal.
Las conversaciones también incluyeron una referencia al exdiputado José Luis Espert. Según Infobae, Rettori realizó posteriormente una llamada en tono burlón en la que comparó la situación de la fiscal con la de Espert.
Ante la evidencia reunida, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, impulsó los procedimientos en los dos establecimientos penitenciarios. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea y terminaron con la aprehensión de ambos detenidos.
En la Unidad 21 de Campana se secuestraron dos teléfonos celulares, mientras que en la Unidad 31 de Florencio Varela se incautó un tercer dispositivo. Los tres aparatos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las comunicaciones y establecer si existieron otras personas involucradas.
La investigación también busca determinar cómo se desarrollaron las comunicaciones desde las cárceles y si los sospechosos contaban con colaboradores fuera de los establecimientos penitenciarios. Por ese motivo, no se descartan nuevas medidas judiciales a partir del análisis de los teléfonos.
Hertrig se había apartado de la investigación original después de detectar las amenazas en uno de los dispositivos secuestrados. En agosto de 2025 había solicitado que los hechos fueran investigados como una posible instigación a cometer un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La causa continúa en etapa de investigación y deberá establecerse qué responsabilidad concreta corresponde a cada uno de los detenidos y si hubo participación de terceros en el presunto plan.
