Malvinas: Stornelli amplió la investigación por la exploración petrolera y sumó a Rockhopper y Navitas

El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la investigación por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y sumó nuevas empresas al expediente. La causa, iniciada a partir de una denuncia del canciller Pablo Quirno, tramita ante el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.

A la investigación se incorporaron Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Estas firmas se sumaron a Desire Petroleum Limited, que ya estaba incluida en el expediente desde el comienzo.

Como parte de las nuevas medidas, Stornelli ordenó el envío de exhortos al Reino Unido y a Israel para obtener información sobre la composición societaria de las empresas y determinar posibles vínculos comerciales entre las compañías involucradas y distintos intereses británicos.

El fiscal busca establecer si las actividades desarrolladas en la plataforma continental próxima a las islas, sin autorización del Estado argentino, podrían configurar distintos delitos. Entre las hipótesis que se analizan aparecen posibles infracciones vinculadas con la legislación sobre hidrocarburos, cuestiones ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.

Los antecedentes de la investigación se remontan a 2012. En mayo de ese año, la entonces Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, mediante la cual declaró ilegales las operaciones atribuidas a Desire Petroleum en esa zona marítima.

Al año siguiente, mediante la Resolución 457/2013, la compañía fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país. La medida se fundamentó en que la empresa utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas para operar en el área cuya soberanía reclama la Argentina.

Según la investigación, pese a aquellas sanciones y a los posteriores cambios en la estructura societaria de las compañías involucradas, las actividades de exploración y explotación habrían continuado a partir de las autorizaciones emitidas por las autoridades de las islas.

En su requerimiento, Stornelli planteó que las conductas investigadas podrían quedar comprendidas en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.

La normativa contempla penas de prisión, multas calculadas en relación con el valor del crudo y distintas formas de inhabilitación. También establece responsabilidades que pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores y representantes de las personas jurídicas involucradas, de acuerdo con las circunstancias que se determinen en cada caso.

La causa forma parte de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anticipó acciones diplomáticas, económicas y judiciales relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

En paralelo, el Gobierno británico ratificó su posición sobre la actividad económica y energética en las islas y cuestionó las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas vinculadas con esos proyectos.

La ampliación de la investigación no implica que las empresas incorporadas hayan sido declaradas responsables de delitos. Ahora, el fiscal deberá avanzar con la recopilación de información societaria, comercial y financiera para determinar qué actividades desarrolló cada compañía, bajo qué autorizaciones y si existió algún incumplimiento de la legislación argentina.