Deportivo Español denunciará a Caruso Lombardi por una polémica concesión de dos canchas

La conducción de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, prepara una denuncia penal contra Ricardo Caruso Lombardi por presuntas irregularidades vinculadas con la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético del club, ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores.

La decisión surgió a partir de una auditoría interna que, según la actual dirigencia, detectó un acuerdo que habría otorgado la explotación de los espacios hasta 2036 a través de un tercero, Uriel Videtta, y de Zoe Capital, una firma vinculada a Leonardo Cositorto, condenado en una causa relacionada con Generación Zoe.

De acuerdo con la documentación analizada por la actual conducción, el convenio fue firmado durante la gestión de Diego Elías y no habría sido tratado ni aprobado por la Comisión Directiva ni por la Asamblea del club. El contrato establecía, según los reportes sobre la auditoría, un canon anual de $1.000.000 a cambio de una hora diaria de utilización de las canchas.

La dirigencia sostiene que ese dinero nunca ingresó a las arcas de Deportivo Español. También cuestiona las condiciones de uso establecidas en el acuerdo, ya que las divisiones inferiores de la institución habrían tenido acceso a las instalaciones solamente una vez por semana.

A partir de esas irregularidades, la conducción actual decidió dejar sin efecto el convenio. Según la denuncia que prepara el club, luego de esa decisión Caruso Lombardi habría intervenido para intentar que los dirigentes cambiaran de postura y los habría amenazado con realizar exposiciones públicas si mantenían la medida. Algunos reportes mencionan que esta situación podría ser incorporada a la presentación bajo la figura de extorsión, aunque los cargos definitivos deberán surgir de la denuncia y de la investigación judicial.

La auditoría también habría detectado otra situación relacionada con el predio. Durante el período de la concesión, se habría subconcesionado un sector para la construcción de un buffet que no contaba con autorización de obra. Según la información difundida sobre el caso, el establecimiento habría funcionado sin la habilitación correspondiente y terminó siendo clausurado de manera definitiva luego de distintas infracciones.

Otro de los puntos que la actual dirigencia pretende poner en conocimiento de la Justicia está relacionado con la situación dominial y de uso de las tierras donde funciona el club. Según su planteo, cuando se firmó el contrato todavía no estaba formalizada la autorización de uso de esos terrenos por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Esa autorización, siempre de acuerdo con la conducción actual, habría sido obtenida recién en diciembre de 2025.

Con esos elementos, Deportivo Español analiza denunciar a Caruso Lombardi por presunta usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. La referencia al delito de usurpación se vincula con el artículo 181 del Código Penal, que contempla distintas conductas relacionadas con la ocupación ilegítima de inmuebles.

La presentación también podría involucrar a otras personas y sociedades mencionadas en la documentación de la concesión, entre ellas Uriel Videtta y Zoe Capital. La vinculación comercial de esta última con Leonardo Cositorto es otro de los aspectos que la actual dirigencia pretende incorporar como parte del contexto de la operación.

Por ahora, se trata de acusaciones formuladas por la conducción de Deportivo Español a partir de una auditoría interna. Será la Justicia la que deberá determinar si el contrato y las circunstancias denunciadas constituyeron delitos, si existieron perjuicios para el club y qué responsabilidad le corresponde a cada una de las personas involucradas.