Denunciaron penalmente a la jueza que suspendió la nueva ley de imputabilidad en Buenos Aires

La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, quien el lunes ordenó suspender durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la nueva ley que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal.

La presentación judicial apunta contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

Pascual es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y había dispuesto la suspensión al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad.

La decisión generó un fuerte debate jurídico y político sobre los alcances que puede tener una resolución judicial frente a una ley penal sancionada por el Congreso Nacional.

Qué cuestiona Usina de Justicia

En su denuncia, la organización calificó la resolución como “absolutamente arbitraria y contrario a Derecho” y sostuvo que implicaría una afectación de la división de poderes.

Para la entidad, la jueza habría adoptado una decisión basada en un escenario hipotético, sin que existiera —según su interpretación— una lesión concreta de derechos ni un peligro inminente que justificara la suspensión de la norma.

Los denunciantes también cuestionaron que la magistrada haya realizado, a su criterio, un análisis sobre posibles consecuencias futuras de la aplicación de la ley sin considerar adecuadamente el contenido de la legislación sancionada por el Congreso.

Uno de los puntos que Usina de Justicia considera centrales es el régimen de penas previsto por la nueva normativa.

El límite de 15 años de prisión

Entre los argumentos planteados en la denuncia aparece el artículo 19 de la nueva ley.

Según señalaron los denunciantes, esa disposición establece que no podrán aplicarse penas de prisión o reclusión perpetua a adolescentes y fija en 15 años el máximo de una pena privativa de la libertad, incluso cuando la escala penal correspondiente al delito sea superior.

Para Usina de Justicia, este aspecto debería ser considerado al evaluar el impacto que tendrá la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al nuevo régimen.

La asociación sostiene que la normativa, además de reducir la edad de imputabilidad para determinados casos, contempla medidas y sanciones alternativas a la prisión, por lo que rechaza la interpretación de que necesariamente vaya a producir un incremento considerable de personas privadas de la libertad.

El cuestionamiento a la competencia de la jueza

Otro de los ejes de la denuncia está relacionado con las facultades de los magistrados para suspender la aplicación de una ley penal.

Usina de Justicia sostiene que la decisión de Pascual habría excedido las competencias propias de un juez y que un magistrado no puede suspender los efectos de una ley penal de fondo, ya sea a pedido de una de las partes o de oficio.

La entidad argumentó que modificar o dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso corresponde a las autoridades y mecanismos constitucionales previstos para ese fin.

Los denunciantes también cuestionaron las consecuencias que tendría la suspensión exclusivamente en territorio bonaerense.

Según plantearon, durante los 60 días de vigencia de la medida, los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos en la provincia quedarían fuera del régimen establecido por la nueva ley, mientras que la normativa sí se aplicaría en otras jurisdicciones.

Para la organización, esa situación generaría una diferencia entre los adolescentes según la provincia en la que se encuentren.

Una medida que abrió otro frente judicial

La resolución de Pascual había sido adoptada de manera preventiva y por un plazo limitado de 60 días, con el objetivo de evaluar la capacidad del sistema bonaerense para implementar el nuevo régimen penal juvenil.

La magistrada había advertido sobre la necesidad de contar con infraestructura, recursos materiales y equipos especializados para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal juvenil.

La medida, por lo tanto, no implica la derogación de la ley nacional ni elimina definitivamente su aplicación: se trata de una suspensión preventiva y temporal dentro del territorio bonaerense.

Ahora, la denuncia presentada por Usina de Justicia agrega un nuevo capítulo al conflicto.

Mientras distintos sectores discuten la constitucionalidad, el alcance y las condiciones de implementación de la nueva legislación, la Justicia deberá determinar también si la actuación de la magistrada puede constituir alguno de los delitos denunciados.

Por el momento, las acusaciones formuladas por Usina de Justicia constituyen el contenido de una denuncia penal y no una condena ni una determinación de responsabilidad contra la jueza Pascual.