Violencia de género y un apuñalamiento: dos detenidos en San Luis

Una mujer y su hijo quedaron detenidos este lunes en San Luis luego de que la Justicia les dictara 120 días de prisión preventiva por una causa que reúne cinco episodios de violencia, amenazas e incumplimientos de medidas judiciales. El hecho más grave ocurrió el domingo en la clínica CERHU, donde el hombre habría atacado con un arma blanca a otro paciente, que permanece internado en estado crítico.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, contra Abel Alberto Torres y su madre, Gladys Edith Galván Medero. Ambos fueron imputados por distintos delitos a partir de una investigación que abarca hechos ocurridos entre octubre de 2025 y agosto de 2026.

Según la acusación fiscal, el episodio más reciente ocurrió en la clínica ubicada sobre la calle Maipú. Torres habría ingresado junto a su madre y se dirigió a una habitación donde estaba internado su hijo junto a su expareja.

En ese lugar, el acusado habría amenazado a un hombre que acompañaba a la mujer y lo habría obligado a abandonar la habitación. Luego, según la Fiscalía, agredió a su expareja mientras el niño estaba presente.

La investigación también sostiene que Torres intentó apoderarse del teléfono de la mujer y que Galván Medero colaboró para ocultarlo. Posteriormente, el aparato habría sido arrojado al suelo y dañado.

La situación continuó en otro sector de la clínica. De acuerdo con la acusación, Torres volvió a enfrentarse con el hombre y, cuando quedó contra una pared, lo habría atacado con un elemento cortopunzante en la zona subcostal izquierda.

El herido recibió atención médica en el establecimiento y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. Al momento de la audiencia permanecía internado en estado crítico, con asistencia respiratoria y compromiso de varios órganos.

Por este episodio, Torres quedó imputado por amenazas y homicidio en grado de tentativa, además de otros delitos vinculados con las agresiones y amenazas contra su expareja. A Galván Medero se le atribuyó participación en un intento de hurto y amenazas.

La causa también incorpora cuatro episodios anteriores. El primero ocurrió en octubre de 2025, cuando ambos imputados se habrían presentado en la vivienda de la expareja de Torres pese a una orden de restricción. Según la Fiscalía, ingresaron por la fuerza, provocaron daños y el hombre dejó cuatro municiones calibre .38 antes de retirarse.

Días después, Torres habría regresado al domicilio pese a la prohibición vigente y se habría llevado sin autorización al hijo que tenía con la mujer. El menor fue localizado aproximadamente media hora después y un examen médico constató lesiones.

Otro episodio investigado ocurrió en noviembre de 2025, cuando Torres habría vuelto a presentarse cerca de la vivienda pese a la restricción. Según la acusación, fue localizado y detenido luego de no acatar inicialmente la orden policial.

El cuarto antecedente ocurrió el 23 de junio de 2026. La mujer habría concurrido al domicilio de Torres para retirar al hijo de ambos de acuerdo con el régimen de comunicación establecido. Allí, según la Fiscalía, el acusado la tomó del cuello, la golpeó y la atacó con la cadena de una motocicleta.

En ese episodio, la investigación atribuye a Galván Medero haber cerrado las puertas de la vivienda mientras ocurría la agresión. La mujer logró comunicarse con el 911 y posteriormente se constataron hematomas y otras lesiones.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para los dos imputados. Argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las personas involucradas.

La defensa de Torres pidió que cumpliera la medida bajo arresto domiciliario debido a una lesión en una rodilla y al tratamiento médico que requiere. Para Galván Medero, en tanto, solicitó medidas menos restrictivas y destacó su arraigo y la ausencia de antecedentes.

La Fiscalía rechazó ambos planteos y sostuvo que las medidas alternativas no resultaban suficientes debido a los antecedentes de incumplimiento de las restricciones judiciales.

Finalmente, la jueza Banó ordenó que ambos cumplan los 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. En el caso de Torres, dispuso además que se garantice la atención médica y los traslados necesarios para continuar con su tratamiento.

La investigación continuará con entrevistas, pericias médicas, análisis de cámaras de seguridad y otras medidas destinadas a reconstruir los cinco episodios y determinar las responsabilidades de cada imputado.