El Gobierno flexibiliza el régimen para sumar dólares al sistema financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles las modificaciones incorporadas al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca incentivar que los ahorros en dólares no declarados ingresen al sistema financiero. El texto será enviado al Congreso en los próximos días, luego de una ronda de consultas con especialistas tributarios y representantes del sector privado.

Durante una conferencia de prensa, Caputo aseguró que el objetivo de la reforma es facilitar el uso de esos fondos sin que los contribuyentes enfrenten sanciones, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el régimen. «Tener los dólares bajo el colchón es un mal negocio, tanto para la gente como para el país», afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro estuvo acompañado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y por tributaristas que colaboraron en la redacción de los cambios. Según explicó, la intención es generar un marco que brinde mayor seguridad jurídica para quienes decidan incorporar sus ahorros al circuito formal.

Caputo sostuvo que, de acuerdo con estimaciones oficiales, unos 170.000 millones de dólares permanecen fuera del sistema financiero argentino. En ese sentido, consideró que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, fortalecer la actividad económica y avanzar en una reducción de la presión tributaria sin comprometer el equilibrio fiscal.

Entre las principales modificaciones del proyecto figura la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que contemplaba la versión original. Hasta ahora, solo podían acceder al régimen quienes registraran ingresos anuales inferiores a $1.000 millones o un patrimonio menor a $10.000 millones. Con la nueva redacción, el único requisito será mantener la residencia fiscal en la Argentina durante el período correspondiente.

Otra de las novedades está vinculada con los controles que podrá realizar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo solo podrá cuestionar el origen de los fondos cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y la información disponible.

La iniciativa establece que esa divergencia deberá superar el 15% del monto real. Además, incorpora una cláusula que determina que diferencias de hasta $5 millones no serán consideradas una incongruencia, aun cuando excedan ese porcentaje.

El proyecto también modifica el procedimiento frente a eventuales observaciones de la ARCA. Si un contribuyente rectifica su declaración y paga la diferencia dentro de los 15 días posteriores a la notificación, conservará los beneficios del régimen.

En caso de que una impugnación sea revocada posteriormente, el Estado deberá reintegrar los montos abonados con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles desde que la resolución quede firme.

Con estos cambios, el Gobierno busca acelerar el tratamiento legislativo de la iniciativa y convertirla en una herramienta para canalizar hacia el sistema financiero parte de los dólares que hoy permanecen fuera del circuito formal, en el marco de su estrategia para impulsar el crédito y sostener la recuperación de la actividad económica.