Milei impulsa una ley para aplicar un «apagón» del Estado
Javier Milei busca incorporar en Argentina un sistema similar al shutdown de Estados Unidos para impedir que el Estado siga gastando cuando se agoten los fondos del Presupuesto. La iniciativa aún no ingresó al Congreso y especialistas advierten que requerirá cambios en la legislación vigente.
El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al shutdown o cierre parcial del Gobierno que rige en Estados Unidos. La iniciativa establece que, una vez agotados los recursos asignados por el Presupuesto, los organismos estatales que no cuenten con financiamiento deberán suspender su funcionamiento hasta que el Congreso apruebe nuevas partidas presupuestarias.
El mandatario adelantó la propuesta durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde también confirmó que buscará avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según explicó, el objetivo es impedir que el Estado continúe gastando una vez consumido el presupuesto autorizado por el Congreso.
El mecanismo toma como referencia el sistema estadounidense, donde el shutdown se produce cuando el Congreso y el Poder Ejecutivo no logran aprobar las leyes de financiamiento necesarias para sostener el funcionamiento del Gobierno federal. En esos casos, numerosos organismos suspenden actividades y parte de los empleados públicos son licenciados o trabajan sin cobrar hasta que se alcance un acuerdo, mientras que los servicios considerados esenciales continúan operativos.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y administración pública advierten que trasladar ese esquema a la Argentina requeriría modificar el marco legal vigente. La Ley de Administración Financiera permite actualmente prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior cuando el Congreso no aprueba uno nuevo, evitando así la paralización de la administración pública nacional. Además, algunos juristas señalan que podrían surgir cuestionamientos constitucionales sobre la continuidad de funciones esenciales del Estado.
El anuncio generó un nuevo debate sobre el funcionamiento del Estado y el manejo de las cuentas públicas. Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa fortalecerá la disciplina fiscal y limitará el crecimiento del gasto, mientras que distintos especialistas consideran que su implementación demandará una profunda reforma normativa y un amplio consenso legislativo para poder avanzar.
Por el momento, el proyecto aún no fue enviado formalmente al Congreso y no tiene fecha definida para su tratamiento. El Gobierno anticipó que formará parte de un paquete de reformas económicas e institucionales que buscará impulsar durante el actual período legislativo.
