Caso Ruta: los abogados aseguran que “no hay delito”
La defensa del exjuez Agustín Ruta sostuvo en una audiencia judicial que “no hay delito” en la causa en su contra por presunto incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Los abogados pidieron nulidades y cuestionaron la validez de la acusación.
Este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia en la causa penal contra el exjuez Agustín Ruta, en la que su defensa cuestionó los cargos y sostuvo que “no hay delito” en los hechos que se le imputan por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La audiencia se desarrolló en el marco de planteos de excepciones y nulidades presentados por los abogados defensores Juan Cruz Domínguez y Marcos Figueroa, quienes objetaron la formulación de cargos vinculados a la actuación del exmagistrado en la causa civil Codapri contra el Banco Macro.
Durante la audiencia, la defensa argumentó que el caso no reúne elementos para configurar una figura penal. “No se ha cumplido con una premisa fundamental: no hay delito”, sostuvo el abogado Carlos Bianchi, al exponer la postura de la defensa.
El letrado afirmó que la confección de un acta por parte de un secretario judicial no implica, por sí misma, una falsedad ideológica ni un ardid. En esa línea, remarcó que la actuación del exjuez se enmarcó en sus funciones jurisdiccionales y que no existió perjuicio que configure el tipo penal imputado.
La causa se originó en un litigio civil iniciado en 2010 entre la firma Codapri SA y el Banco Macro, que derivó en distintos incidentes procesales tras una sentencia favorable a la empresa. En ese contexto, la Fiscalía investiga la confección de un acta extraprocesal del 10 de diciembre de 2020, que habría dejado constancia de una reunión entre abogados en el Juzgado Civil N° 4.
Según la acusación, ese documento habría sido incorporado posteriormente al expediente judicial para respaldar decisiones vinculadas a la ejecución de fondos embargados, lo que constituye uno de los puntos centrales del proceso.
La defensa, sin embargo, sostiene que el acta no requería la firma de todas las partes y que su validez fue reconocida en instancias judiciales posteriores. “La lesividad que requiere el tipo penal no está acá”, afirmó Bianchi, quien calificó el hecho como “atípico”.
Por su parte, el abogado defensor Hugo Scarso cuestionó el origen de la causa y la vinculó con el proceso de destitución del exjuez. “Estamos ante una sentencia política”, señaló, al tiempo que pidió revisar la validez de la denuncia que dio inicio a la investigación.
Además, la defensa planteó observaciones sobre la representación legal en la denuncia, al sostener que una de las abogadas intervinientes no contaba con un poder especial suficiente para promover la acción penal.
La jueza de Garantías N° 4, Luciana Banó, deberá resolver los planteos en un plazo de diez días y solicitó la remisión de las actuaciones de la causa civil vinculada al expediente.
