Etiquetado frontal: los argumentos del Gobierno para derogarlo
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa forma parte del nuevo paquete legislativo impulsado por la Casa Rosada y propone eliminar tanto los octógonos negros de advertencia como las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y estrategias de marketing dirigidas a niños.
El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Según los fundamentos oficiales, la normativa vigente presenta «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación.
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo apunta al sistema de advertencias nutricionales utilizado actualmente. El Gobierno sostiene que el modelo aplica criterios uniformes a alimentos con características nutricionales diferentes, sin contemplar las porciones efectivamente consumidas ni la composición integral de cada producto. Según la propuesta, esto genera que alimentos de distinta calidad nutricional reciban advertencias similares y provoquen confusión entre los consumidores.
Otro de los argumentos se vincula con los incentivos para la industria alimenticia. La Casa Rosada considera que el esquema actual funciona bajo una lógica binaria —con o sin sello de advertencia— que no reconoce mejoras graduales en la composición de los productos. De acuerdo con el proyecto, esto desalienta procesos de reformulación nutricional impulsados por las empresas.
El Gobierno también advierte sobre problemas de competitividad dentro del Mercosur. Según el mensaje enviado al Congreso, la falta de armonización regional obliga a producir envases diferenciados para el mercado argentino, lo que incrementa costos operativos y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa cuestiona además la rigidez de la normativa vigente. El Ejecutivo sostiene que muchos aspectos técnicos fueron incorporados directamente en la ley, lo que dificulta adaptar el sistema a nuevas evidencias científicas o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
Pese a la derogación propuesta, el Gobierno aclaró que no desaparecerá la información nutricional obligatoria de los alimentos envasados. Continuarán vigentes los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino y las normativas armonizadas del Mercosur, que obligan a informar calorías, azúcares, grasas y sodio en los envases.
La iniciativa ya ingresó al Senado y comenzará a debatirse en comisión durante las próximas semanas. Sin embargo, distintos sectores de la oposición dialoguista anticiparon que pedirán estudios técnicos y evidencia adicional antes de avanzar con una eventual derogación de una ley que fue aprobada en 2021 con amplio respaldo parlamentario.
Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo, el debate promete reabrir una discusión que involucra a la industria alimentaria, organizaciones de consumidores, especialistas en nutrición y sectores políticos con posiciones enfrentadas sobre el rol del Estado en materia de salud pública.
