Casación ordenó el decomiso efectivo de los bienes de Cristina, sus hijos y Báez
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el decomiso y ordenó ejecutar 111 bienes en la causa Vialidad, incluyendo propiedades de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. El objetivo es recuperar la suma de $684.990.350.139,86 que los condenados no pagaron pese a haber vencido el plazo, según denunciaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola: «Todavía no depositaron ni un solo peso.»
El fallo, firmado por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña —con la disidencia parcial de Mariano Borinsky—, ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 en 2022 y consolidó un principio jurídico de enorme alcance: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros, cedidos o transmitidos por vía hereditaria.
El listado de bienes alcanzados es extenso. De Lázaro Báez se ejecutarán 84 propiedades, entre ellas la Chacra 39 de Río Gallegos y la famosa bodega que el empresario mostró a los medios para desmentir acusaciones en la causa «La Ruta del Dinero K.» De Cristina Kirchner, un terreno de más de 6.000 metros cuadrados en El Calafate, Lago Argentino. De Máximo y Florencia Kirchner, 19 propiedades, incluido el complejo Hotel Los Sauces. El decomiso alcanza también a inmuebles de las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto.
Hornos fue categórico en su voto. «La ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales», escribió. Y fue más lejos: «Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos.»
Borinsky votó en disidencia parcial y propuso excluir los bienes heredados por Máximo y Florencia al considerar que no estaba suficientemente probado su origen ilícito. Las defensas de los hijos de la expresidenta habían pedido conservar 19 propiedades —entre ellas 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino— argumentando que son ajenas a la causa y que ellos no fueron condenados.
La resolución delega al TOF 2 la continuidad del proceso conforme a la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema sobre administración de efectos decomisados. Sin embargo, fuentes judiciales admiten que el proceso podría detenerse si las defensas presentan un recurso extraordinario. La instancia final, en ese caso, sería un recurso de queja directo ante la Corte Suprema.
Entre las propiedades alcanzadas figura el departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su condena de prisión domiciliaria.
