«Viudas negras», motochorros, grooming y estafas piramidales: Los proyectos que estudia el Gobierno
Por Alejo Pombo
No esperarán a la reforma del Código Penal. Hay temas que, según el Gobierno, no pueden seguir sin legislación específica.
El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para tipificar nuevos delitos y endurecer penas en varias categorías, con la intención de que sea aprobado en el trimestre en curso. La iniciativa anticipa aspectos que luego integrarán la reforma penal completa, pero que sus impulsores consideran demasiado urgentes para esperar ese proceso más largo.
El proyecto abarca un arco amplio: crímenes violentos callejeros, protección de víctimas, fraudes financieros, delitos migratorios, abusos sexuales contra menores y conductas peligrosas al volante. Uno de sus ejes transversales es la incorporación de un criterio de interpretación «pro-víctima» que, según las fuentes consultadas, obliga a los jueces a fallar a favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones procesales relevantes, como la suspensión del juicio a prueba.
Los delitos callejeros con nombre propio
El proyecto pone nombre legal a modalidades delictivas que ya tienen nombre popular. Las «viudas negras» —mujeres que se vinculan sentimentalmente con hombres para robarles, en ocasiones suministrándoles sustancias— quedarán tipificadas como robo agravado, con penas de hasta 12 años. Un inciso específico sanciona a quienes administren esas sustancias a la víctima, ya sea por engaño o por la fuerza.
Las «salideras», «entraderas» y los delitos cometidos por motochorros también tendrán figuras penales propias, con penas de entre dos y 12 años según la modalidad. Los agravantes se activan cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. Para los casos en que se use una moto como herramienta del delito, se prevé inhabilitación para conducir de hasta 16 años.
Estafas, pirámides y delitos económicos
En materia financiera, la reforma apunta directamente a las estafas piramidales con un artículo específico que eleva las penas al rango de tres a 12 años, con agravantes cuando la víctima pierde total o parcialmente el capital invertido. Es una respuesta legislativa a esquemas que en los últimos años generaron miles de damnificados sin encuadre penal preciso.
Migración, cárceles y rutas
El proyecto incorpora figuras ya previstas en la Ley de Migraciones —tráfico ilegal, fraude migratorio— y agrega tipos penales nuevos para sancionar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros, con penas que van de uno a 20 años y agravantes vinculadas a la violencia, el engaño o el abuso de situaciones de vulnerabilidad.
Dentro de los establecimientos carcelarios, se crea un delito específico por tenencia de armas, con penas de dos a seis años y agravantes si funcionarios penitenciarios facilitan el ingreso. El catálogo de objetos prohibidos también se amplía.
Para las picadas callejeras, las penas mínimas suben a un año y el máximo llega a seis, con duplicación del tiempo de inhabilitación para conducir. En caso de homicidio como consecuencia de una picada, la pena puede alcanzar los ocho años.
La protección más severa para los menores
El capítulo más grave del proyecto en términos de penas máximas es el que refiere a delitos contra niños y adolescentes. El grooming y el abuso sexual infantil en sus formas agravadas pueden llegar a 15 años de prisión, con protección especial para menores de 13 años y personas con discapacidad. La producción o distribución de material de abuso sexual infantil queda penada con hasta 12 años, cifra que sube a 15 cuando la víctima tiene menos de 13.
El proyecto tiene fecha de intención —este trimestre— pero todavía debe recorrer el proceso legislativo. Lo que está claro es la señal política: el Gobierno quiere mostrar resultados en seguridad antes de que la reforma del Código Penal, más compleja y más lenta, encuentre su momento.
