El cuento del delivery: cómo intentaron robarle a un juez por WhatsApp
Por Alejo Pombo
Call center carcelario: así operaba la banda que intentó estafar a jueces desde una prisión bonaerense
A las 11.55 de la mañana del 26 de febrero, en plena jornada laboral, el teléfono del juez Juan Eduardo Stepaniuc sonó dentro de la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Del otro lado, una voz convincente: un supuesto empleado de correo le pedía un número de remito para entregar un paquete. Era mentira. Un guion armado para robarle su cuenta de WhatsApp.
La maniobra, sin embargo, falló. A su lado estaba su colega, Luis Cayuela, quien reconoció el engaño al instante: una semana antes había caído en la misma trampa. Gracias a esa advertencia, Stepaniuc cortó a tiempo. Pero el intento dejó al descubierto algo mucho más grande: una organización delictiva que operaba desde adentro de una cárcel.
La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, permitió reconstruir el circuito completo. Las llamadas salían desde la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena, donde un grupo de internos montó un verdadero “call center” criminal.
El mecanismo era simple y efectivo. Los estafadores realizaban hasta 30 llamados diarios, siempre en horario laboral, utilizando distintos guiones: simulaban ser empleados de correo, técnicos de empresas telefónicas o incluso soporte de WhatsApp. El objetivo era uno: obtener el código de verificación de seis dígitos y tomar el control de la cuenta de la víctima.
Así le ocurrió a Cayuela. Distraído por una situación personal, entregó el código y perdió su cuenta. Desde allí, los delincuentes comenzaron a pedir dinero a sus contactos, replicando una modalidad que crece sin freno en todo el país.
Las pericias permitieron identificar a los responsables: tres internos alojados en el penal de Magdalena —Gabriel Nicolás G. (26), Juan Manuel A. (32) y Facundo P. (28)—, quienes quedaron imputados tras una serie de allanamientos ordenados por el juez Esteban Rossignoli.
Las escuchas incorporadas al expediente revelan el nivel de impunidad con el que operaban. En una de las llamadas, al notar dudas en la víctima, uno de los estafadores lanzó: “Igual ya la hackeé”. En otra, mientras intentaban engañar a Stepaniuc, se escucha de fondo la advertencia de Cayuela: “Es lo mismo que me hicieron a mí”.
El caso volvió a exponer una falla estructural: el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Aunque su habilitación se flexibilizó durante la pandemia, hoy se convirtió —según investigadores judiciales— en una herramienta clave para la continuidad del delito desde el encierro.
La preocupación escaló al punto de generar reacciones en la Justicia. La jueza Sandra Arroyo Salgado advirtió que los celulares funcionan como una “herramienta de trabajo” para organizaciones criminales que operan bajo una lógica de “mando remoto”: planifican, seleccionan víctimas y ejecutan delitos desde la cárcel, coordinando en tiempo real con cómplices en el exterior.
En esa misma línea, el fiscal Ferrari alertó sobre un cambio de paradigma: los líderes criminales ya no necesitan salir para delinquir. Desde sus celdas, dirigen operaciones, validan movimientos y manejan redes completas.
Como respuesta, varios de los implicados fueron trasladados a un pabellón especial en la Unidad 61 de Melchor Romero, donde se les prohibió el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos.
El intento de estafa a un juez terminó frustrado. Pero el fenómeno que dejó al descubierto está lejos de resolverse: una criminalidad que ya no reconoce barrotes.
