Adorni anunció reformas clave en medio del escándalo que no logra apagar
Por Alejo Pombo
En una conferencia de prensa deslucida y atravesada por el escándalo institucional por sus viajes al exterior, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó retomar la agenda política con el anuncio de un ambicioso paquete de leyes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Sin embargo, el ruido de fondo no desapareció y el foco terminó dividido entre las iniciativas oficiales y las controversias que rodean su figura.
El eje más fuerte del anuncio estuvo puesto en defensa: el Gobierno destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y equipamiento militar. La medida fue acompañada por un discurso que buscó reivindicar a las Fuerzas Armadas y cuestionó décadas de políticas públicas desde el retorno de la democracia.
Adorni sostuvo que el país atraviesa una situación “inaceptable” en materia de defensa, con fuerzas “mal pagas e insuficientemente equipadas”, y planteó la necesidad de “reconstruir el instrumento militar”. Sus declaraciones incluyeron una mirada que relativiza el proceso histórico posterior a la dictadura, lo que volvió a encender tensiones en torno a la memoria y el rol de las Fuerzas Armadas en la vida institucional argentina.
Pero el paquete oficial va mucho más allá. En materia de propiedad privada, el Gobierno enviará una batería de proyectos que apuntan a redefinir reglas clave: una nueva ley de expropiaciones con límites más estrictos al concepto de utilidad pública y mayores compensaciones; cambios en la Ley de Tierras Rurales para habilitar la venta a extranjeros; y una reforma de la Ley de Fuegos que busca reducir restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
Uno de los puntos más sensibles es la creación de un mecanismo de desalojo exprés contra ocupaciones ilegales, con plazos de restitución de inmuebles inferiores a cinco días. La iniciativa apunta directamente al fenómeno de los “okupas”, al que el oficialismo define como un “flagelo nacional”.
En paralelo, también se anticiparon modificaciones en áreas delicadas como ambiente, discapacidad y educación. El Gobierno avanzará con cambios en la Ley de Glaciares para otorgar mayor poder a las provincias en la regulación de la actividad minera, al tiempo que buscará reformular el esquema de prestaciones sociales. En ese marco, Adorni cuestionó el sistema actual de asistencia por discapacidad, con declaraciones que generaron fuerte rechazo en sectores sociales.
En materia de seguridad, el Ejecutivo adelantó que impulsará una reforma parcial del Código Penal con endurecimiento de penas e incorporación de nuevas figuras delictivas, desde delitos migratorios hasta modalidades urbanas como motochorros o salideras.
El paquete se completa con medidas de gestión y política económica: el envío de pliegos judiciales al Senado, la concesión del complejo turístico de Chapadmalal por 30 años y el respaldo al avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno presenta como un paso clave hacia la reinserción internacional.
Con todo, el anuncio dejó una sensación ambivalente: un Gobierno que busca marcar agenda con reformas estructurales, pero que no logra correrse del ruido político que condiciona su narrativa. Entre medidas de alto impacto y definiciones polémicas, la discusión recién empieza.
