La CGT define el paro general ante el fracaso de la diplomacia con los gobernadores
Presionada por el avance de la reforma laboral en el Senado y el tibio respaldo de los gobernadores dialoguistas, la CGT reúne a su Consejo Directivo este viernes. Lo que comenzó como una ronda de negociaciones políticas amenaza con derivar en una medida de fuerza nacional, mientras el ala dura evoca las históricas derrotas legislativas del macrismo.
Por Alejo Pombo
El mítico edificio de la calle Azopardo será hoy el epicentro de un sismo político. A partir de las 11:00, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se sentará a decidir el futuro de su relación con el gobierno de Javier Milei. Sobre la mesa no solo hay un cronograma de protestas; hay una certeza amarga: la vía diplomática con los mandatarios provinciales ha mostrado sus límites, y el sector moderado de la central obrera se está quedando sin argumentos para contener el reclamo de huelga.
La estrategia de los «gordos» e independientes de la CGT —el sector propenso al diálogo— sufrió un duro revés esta semana. A pesar de las fotos de rigor con los bastiones del peronismo ortodoxo como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gildo Insfrán (Formosa), la central no logró permear el bloque de gobernadores clave para la votación en el Senado. El desplante o la postergación de encuentros por parte de figuras centrales como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) dejó al descubierto que el poder de lobby sindical ya no es la moneda de cambio que solía ser en las provincias del centro del país.
Ante este vacío político, el ala combativa ha recuperado el centro de la escena. Pablo Moyano, referente de Camioneros, ha vuelto a la carga con una retórica de resistencia, trazando un paralelismo directo con el año 2017, cuando la movilización callejera logró erosionar la reforma laboral intentada por la gestión de Mauricio Macri. «La CGT está en su totalidad unida», sentenció Moyano, enviando un mensaje no solo al Gobierno, sino también a sus propios pares que aún dudan en apretar el botón del paro general.
El proyecto de «Ley de Modernización Laboral» —que el oficialismo prefiere llamar así frente a la «precarización» denunciada por los gremios— se debatirá el próximo miércoles. Con el reloj en contra, la central obrera se enfrenta a su desafío más complejo: ejecutar una medida de fuerza que tenga el impacto suficiente para frenar la ley en el recinto, sin romper definitivamente los puentes de una negociación que, aunque maltrecha, sigue siendo la única salida institucional para una dirigencia que teme perder sus privilegios estatutarios.
