18 marzo, 2026

Un profesor acusado de grooming en Cortaderas: imputado pero en libertad

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Un profesor de Cortaderas fue imputado por grooming tras enviar mensajes sexuales a dos alumnas de 16 años por WhatsApp, pero no quedó detenido. La causa avanza con pericias sobre sus dispositivos mientras la comunidad exige mayor protección para las víctimas.

Por Alejo Pombo

Un profesor de escuela secundaria fue imputado por grooming tras mantener conversaciones de alto contenido sexual con dos alumnas de 16 años de una escuela de Cortaderas, en el sur de la provincia de San Luis. El docente, de 40 años y residente en La Paz, Córdoba, no quedó detenido tras la audiencia celebrada en los Tribunales de Concarán, lo que generó preocupación e indignación entre padres y organizaciones de la comunidad.

El caso salió a la luz el 8 de octubre del año pasado, cuando el director de la institución y la madre de una de las estudiantes realizaron la denuncia formal. Según los acusadores, el profesor habría mantenido conversaciones de contenido sexual con las menores a través de llamadas, chats y videollamadas de WhatsApp. Incluso había creado un grupo de la aplicación con ambas víctimas, donde sostenía intercambios de doble sentido, les enseñaba a borrar mensajes y les preguntaba sobre su orientación sexual.

Entre los chats hallados figuran invitaciones a encontrarse a solas en un arroyo de la localidad e instrucciones para diversas prácticas sexuales. Tras un allanamiento en la vivienda del acusado, fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, un pendrive, una cámara de fotos y una tablet.

El juez de Garantías Nicolás Coppola ordenó pericias sobre todos esos dispositivos. El Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos trabaja para recuperar mensajes, fotos y videos eliminados, y determinar si el acusado utilizó cuentas falsas en redes sociales para contactarse con las víctimas.

Pese a la gravedad de los hechos, el docente permanece en libertad con restricciones: deberá firmar mensualmente el libro de imputados en Merlo durante cuatro meses y tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas por 120 días.

El caso reaviva el debate sobre los mecanismos de prevención y control institucional en las escuelas, y sobre los límites en la relación entre docentes y alumnos en entornos digitales.

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