Tobillera electrónica para Porcel y botón antipánico para las víctimas
La Justicia avanzó este miércoles con nuevas medidas de protección en la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra alumnos del Colegio Palermo Chico. Los diez adolescentes denunciantes recibieron botones antipánico y al acusado finalmente le colocaron una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de la restricción de acercamiento.
Los dispositivos entregados a las víctimas consisten en teléfonos celulares equipados con una aplicación especial que permite emitir alertas inmediatas ante situaciones de riesgo. Según explicaron fuentes judiciales, el objetivo es garantizar una rápida intervención policial en caso de incumplimiento de las medidas impuestas al empresario.
La colocación de la tobillera electrónica se concretó luego de varios días de demora. De acuerdo con trascendidos de la causa, la implementación se encontraba frenada porque la fuerza encargada del monitoreo aguardaba información complementaria solicitada al juzgado, entre ella el domicilio exacto del imputado y los parámetros de distancia que debía respetar respecto de las víctimas y sus familias.
Ante esa situación, el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti presentó escritos ante el magistrado a cargo del expediente para exigir que la medida se ejecutara de manera urgente. El letrado advirtió que habían pasado varios días desde que la Cámara confirmó la resolución sin que el dispositivo fuera colocado.
La orden había sido ratificada la semana pasada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que dispuso la “inmediata colocación” del sistema de geolocalización para controlar la prohibición de acercamiento que pesa sobre Porcel.
El empresario está procesado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento.
Según la investigación judicial, los hechos denunciados habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al acusado. La causa sostiene que los adolescentes, de entre 11 y 15 años, eran llevados a esos lugares bajo vínculos de confianza construidos con sus familias y luego expuestos a situaciones de contenido sexual, presuntamente tras el suministro de alcohol y distintas maniobras de manipulación.
La investigación continúa en etapa de instrucción mientras la querella insiste en reforzar las medidas de resguardo para las víctimas y sus entornos familiares.
