Tensión en el Congreso por la Ley de Defensa de la Soberanía
El Gobierno defendió en Diputados su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta resistencia de la oposición para tratarlo como un bloque único. La creación de un Consejo de Seguridad, las sanciones por injerencia extranjera y el artículo sobre desinformación electoral concentran las principales críticas.

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, defendió este miércoles en Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras el oficialismo busca reunir apoyos para emitir dictamen y llevarlo al recinto el 21 de octubre.
La funcionaria participó del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Su presencia contrastó con la ausencia del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, reclamados por distintos bloques.
Uno de los principales puntos de conflicto es la negativa del Gobierno a dividir la iniciativa. Unión por la Patria y otros sectores pretenden avanzar únicamente con el Título I, referido a las sanciones contra quienes exploten hidrocarburos y otros recursos en la Plataforma Continental sin autorización argentina.
Ibarzábal Murphy sostuvo que ese capítulo no puede tratarse por separado del resto del proyecto. En paralelo, el oficialismo analiza incorporar una comisión bicameral para realizar el seguimiento parlamentario del Consejo de Seguridad Nacional, que quedaría bajo la conducción del Presidente.
La funcionaria también rechazó que el nuevo organismo implique una concentración de poder o una delegación de facultades del Congreso. Según explicó, se mantendría la autonomía funcional de los organismos existentes y el Ejecutivo debería garantizar una interlocución permanente con la comisión.
Otro punto cuestionado es la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal, que establece penas de entre 5 y 12 años para quienes, financiados o respaldados por actores extranjeros, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.
Ante las críticas de sectores opositores y asociaciones periodísticas por una posible afectación de la libertad de expresión, Ibarzábal Murphy dejó abierta la posibilidad de modificar la redacción. «No hay intención de afectar la libertad de expresión, sino de impedir la injerencia extranjera en nuestro territorio», afirmó.
El debate subió de tono cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, vinculó la discusión con el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y cuestionó a la funcionaria durante su exposición. Luego de decirle «te estás cagando de risa, nena», se disculpó por el exabrupto.
La Corte había aclarado que su decisión sobre la derogación de la Ley de Tierras se limitó a una cuestión procesal y no resolvió la constitucionalidad del régimen. El expediente, además, continúa con nuevos planteos bajo análisis.
Con el escenario todavía abierto, el oficialismo reconoce que deberá introducir modificaciones para conseguir los votos necesarios. El objetivo es emitir dictamen el 14 de octubre y llegar al recinto una semana después, aunque todavía no cuenta con los apoyos suficientes.
