Procesaron a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito

El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito y dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.500 millones. El magistrado consideró que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial apreciable e injustificado durante el período comprendido entre 2003 y 2017.

Baratta, quien fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido, quedó procesado sin prisión preventiva. Además, Ercolini ratificó la inhibición general de sus bienes.

Según el fallo, la reconstrucción patrimonial detectó diferencias entre los ingresos legítimos comprobados y las erogaciones realizadas. Los saldos negativos de distintos ejercicios acumularon $4.678.496,90, calculados a valores de cada período y sin actualización por inflación.

La investigación puso el foco en la compra de distintos inmuebles, vehículos y dinero en efectivo en moneda extranjera. Parte de esos bienes, según el expediente, habría quedado registrada a nombre de personas del entorno familiar del exfuncionario.

Uno de los puntos centrales es una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club de Pilar. El lote fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por US$70.000 en efectivo y quedó registrado a nombre de su madre, Marta Rosa Girola.

Sobre ese terreno se construyó posteriormente una vivienda de unos 380 metros cuadrados. La obra tuvo un costo estimado de alrededor de $3,7 millones y fue abonada en 30 cuotas entre diciembre de 2012 y enero de 2015, principalmente en efectivo y en pesos y dólares.

Para Ercolini, la intervención de la madre habría permitido disimular la incorporación del inmueble al patrimonio de Baratta. El juez también analizó una supuesta oferta de donación y consideró que los aportes declarados por el matrimonio, por unos $604.546, no alcanzaban para explicar el total de la inversión.

En su última declaración indagatoria, Baratta rechazó las acusaciones y sostuvo que la propiedad fue adquirida por sus padres como parte de un “proyecto familiar” para disponer de un lugar de descanso durante los fines de semana y las vacaciones.

El exfuncionario aseguró que todos sus bienes fueron obtenidos de manera legítima. La decisión de Ercolini puede ser apelada ante la Cámara Federal porteña.

En paralelo, Baratta enfrenta el juicio oral por la causa Cuadernos, donde está acusado como presunto recaudador de dinero ilegal durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal.