Primera audiencia contra cuatro ex funcionarios de la dictadura
La primera audiencia preliminar para establecer el cronograma del juicio oral donde se acusa a cuatro reconocidos ex funcionarios de San Luis de ser responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, acusados de «asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos», se lleva adelante hoy, según el fiscal federal, Cristian Rachid, quien solicitó la elevación a juicio oral de la causa.
Los acusados son los ex jueces federales de San Luis, Eduardo Allende e Hipólito Saá; el ex teniente de artillería del GADA (Grupo de Artillería Antiaérea) 161, Alberto Camps, y Jorge Omar Caram, quién era médico de la policía de la provincia.
Los jueces federales a cargo del proceso son María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli del Tribunal Federal de Mendoza, y Julián Falcucci de la provincia de Córdoba.
En su acusación, el fiscal Rachid marcó que las desapariciones y secuestros se produjeron bajo la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos y comenzaron a producirse antes del golpe cívico militar”.
Rachid explicó que en el proceso se presentarán de su parte únicamente 10 testigos de 100 existentes, «ya que el resto declaró en los dos juicios anteriores que se realizaron por delitos de lesa humanidad en San Luis y ha solicitado que se tomen como válidos a esos testimonios».
Todos enfrentarán el juicio oral en libertad y Rachid sostuvo que «ni Allende ni Saá en sus roles de jueces federales no investigaron las atrocidades que se cometieron ya que el terrorismo de Estado en San Luis contó con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó al plan de represión y aniquilamiento de la subversión y la actuación de ambos fue determinante en los abusos”.
Son considerados como partícipes necesarios del delito de “privación abusiva de libertad agravada” en 23 hechos, de los cuales en 21 se los acusa de» tortura», y también en seis casos de «homicidio agravado» en perjuicio de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz, Domingo Chacón, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Vicente Rodríguez, «por lo que si prosperan las imputaciones la pena puede ser de cadena perpetua y si los jueces sostienen que tuvieron una participación secundaria y no primaria la pena puede llegar a los 25 años», indicó el fiscal.
El ex militar Alberto Camps y el ex médico de la policía de San Luis Jorge Caram están acusados de intervención directa en 11 secuestros.
Camps es señalado como jefe de un grupo de servicios del Ejército, y Caram se desempeñaba como médico cirujano policial, y se encargaba de revisar a las víctimas en las sesiones de tortura mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos, y de ordenar a los torturadores si podían seguir con los castigos o detenerse por el estado de salud de la víctima.
Al no tener la imputación de homicidio, la pena que le corresponde a ambos es como máximo de 25 años, explicó el fiscal Rachid.
La deliberaciones se concretarán en la sede del Tribunal Oral Federal de la ciudad de San Luis.
