18 mayo, 2024

Medida cautelar de Poggi paraliza obras escolares en San Luis: Impacto en más de 3,700 estudiantes y 560 obreros

La medida cautelar solicitada por el diputado nacional Claudio Poggi, que fue concedida por la jueza Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, María Eugenia Bona, ha tenido un impacto devastador en la provincia de San Luis.

Por Gabriel Rodriguez

La medida cautelar solicitada por el diputado nacional Claudio Poggi, que fue concedida por la jueza Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, María Eugenia Bona, ha tenido un impacto devastador en la provincia de San Luis.

La paralización de obras públicas ha afectado directamente numerosas iniciativas, especialmente en el ámbito educativo, poniendo en peligro el normal desarrollo de las clases y la seguridad de estudiantes, docentes y la comunidad educativa en su conjunto.

“Esta medida nos desorienta profundamente. Impacta directamente en el mantenimiento de las escuelas, algo absolutamente necesario y que involucra actividades ininterrumpidas. Hay muchas personas trabajando arduamente para mejorar las condiciones de los establecimientos educativos y esta medida nos llena de tristeza. Estamos comprometidos en un trabajo diario, evaluando, identificando problemas estructurales y buscando soluciones. Las licitaciones públicas son fundamentales para establecer un orden y planificar las acciones. No podemos abordar todos los proyectos al mismo tiempo; necesitamos priorizar y planificar, y esta medida ha truncado todo eso», comentó Diego Canta, jefe del Programa Infraestructura Escolar.

Todas las intervenciones previstas estaban contempladas en el presupuesto 2023 para su implementación durante este año y el próximo. La falta de ejecución de estas obras no solo pone en riesgo el comienzo normal del ciclo lectivo, sino también la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa en su totalidad.

El programa no solo depende de estas licitaciones públicas, sino también de las adquisiciones de materiales e insumos necesarios para las cuadrillas durante el plan de verano 2023/2024. Este plan, coordinado con el Ministerio de Educación en octubre y noviembre, tiene como objetivo abordar el desgaste que sufren los edificios debido al uso durante el año. Las labores se llevan a cabo en diciembre, enero y febrero para asegurar un inicio lectivo sin problemas en más de 550 escuelas.

«Enviamos técnicos para evaluar las escuelas y abordar los problemas estructurales. Este proceso lleva tiempo; una licitación no se completa de un día para otro. Hay mucho trabajo detrás de escena que es crucial. En las licitaciones, establecemos el rumbo a seguir, y ese plan debe cumplirse. Pero todo ese trabajo se está desvaneciendo ahora; esta medida está interrumpiendo todo. Nuestras cuadrillas pueden realizar reparaciones menores, como arreglar una canilla, por ejemplo, pero las obras públicas son esenciales para aliviar nuestra carga de trabajo», explicó un funcionario del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.

Los daños son evidentes y preocupantes. La medida ha frenado la renovación y el mantenimiento de techos en la Escuela Técnica Nº 20 «Antonio D. Berni» en Villa Mercedes, beneficiando a 251 personas entre estudiantes, docentes y personal no docente, además de 20 obreros (con un monto de obra de $50.604.268,65; en proceso de adjudicación). En la misma ciudad, se detuvo la finalización del mantenimiento y la expansión en la Escuela Nº 176 «Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer», afectando a 521 personas, incluyendo alumnos, docentes, personal no docente y 30 obreros (con una inversión de $132.694.941,05).

El plan de acción también se vio interrumpido en la Escuela Nº 172 «Misiones» y la Escuela Técnica Nº 7 «Manuel Sadosky» en San Luis, donde se beneficiarían a 518 personas, incluyendo alumnos, docentes, personal no docente y más de 100 obreros (con un monto de $425.878.466,37). Además, se suspendieron las obras en la Escuela Nº 23 «Umberto Rodríguez Saá» en Juana Koslay, afectando a 170 personas.

En resumen, la medida cautelar promovida por el dirigente de Juntos por el Cambio afecta directamente a más de 3,720 estudiantes en diferentes puntos de San Luis y a unos 560 obreros, generando un impacto negativo en la educación y la economía local.