Marcha universitaria: denuncian a los detenidos por los incidentes

Los daños provocados durante los enfrentamientos registrados frente al Congreso, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, le costarán al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires unos $90 millones, según una estimación preliminar. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes, con acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Los destrozos afectaron bancos, veredas, canteros, mobiliario urbano y espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores. Una de las zonas más perjudicadas fue el corredor de la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas federales.

El Gobierno porteño aclaró que los $90 millones constituyen un cálculo inicial. El costo definitivo dependerá del relevamiento técnico y de las tareas necesarias para reparar los daños, por lo que la cifra podría aumentar.

Cómo comenzaron los incidentes

Los enfrentamientos comenzaron minutos antes de las 16 del jueves, cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras y cascotes contra el vallado de seguridad. También se registraron roturas de bancos y veredas, cuyos fragmentos fueron utilizados como proyectiles.

Las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Los incidentes se prolongaron durante varias horas y derivaron en detenciones y lesiones entre los efectivos de seguridad.

Los reportes publicados tras la movilización informaron 31 personas detenidas y ocho integrantes de las fuerzas federales heridos, aunque algunos reportes iniciales mencionaron cifras diferentes. Los episodios se produjeron durante una jornada en la que estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias se movilizaron para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta universitaria había transcurrido mayoritariamente de manera pacífica hasta que comenzaron los disturbios. Los hechos de violencia obligaron a modificar el desarrollo del acto central y afectaron también a personas que se encontraban en las inmediaciones del Congreso.

La denuncia penal del Gobierno nacional

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, condenó los ataques y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia ni a destruir bienes públicos.

“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, escribió la funcionaria en su cuenta de X. También advirtió que quienes agredan a efectivos de seguridad o dañen bienes públicos deberán responder ante la Justicia.

Horas después de los incidentes, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a sus responsables. La presentación incluyó acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Según el escrito, los disturbios no habrían sido casuales y podrían haber tenido como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada. Esa interpretación forma parte de la denuncia y deberá ser evaluada por la Justicia.

La cartera nacional también trabaja con imágenes y registros audiovisuales para identificar a quienes habrían participado de las agresiones y los daños. La presentación judicial no implica que las responsabilidades penales estén determinadas: será la Justicia la que deberá establecer la participación de cada persona y resolver sobre las imputaciones.

Yacobitti se desligó de los hechos violentos

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, repudió los episodios y diferenció a quienes protagonizaron los destrozos de la multitud que participó de la movilización en defensa de la universidad pública.

El dirigente reclamó que se identifique a los responsables de los ataques, pero también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad. Según sostuvo, los efectivos arrojaron gases contra personas que participaban pacíficamente de la protesta.

Los incidentes abrieron así un nuevo foco de discusión política alrededor de la marcha, que tuvo como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el Gobierno nacional impulsa acciones judiciales por los hechos de violencia, las autoridades porteñas avanzan con la evaluación de los daños y la planificación de las reparaciones.