Malvinas: Quirno amenaza con acciones penales a petroleras
El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno evalúa avanzar penalmente contra responsables de Rockhopper y Navitas por el proyecto Sea Lion. Mientras la Argentina busca frenar la explotación petrolera en Malvinas, el Tribunal del Mar anunció que resolverá el pedido de medidas provisionales el 28 de noviembre.
El canciller Pablo Quirno advirtió que el Gobierno argentino podría iniciar acciones penales contra directivos de las empresas Rockhopper y Navitas, vinculadas al proyecto de explotación petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas. La advertencia fue realizada este jueves, luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el ministro sostuvo que las compañías y sus responsables podrían estar cometiendo delitos contemplados en la legislación nacional. «Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales», afirmó.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de avanzar judicialmente contra personas físicas, Quirno respondió: «Sí, absolutamente». También recordó que ambas empresas ya fueron sancionadas por las autoridades argentinas por sus actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa.
El proyecto Sea Lion y el calendario de explotación
El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Está operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
La iniciativa ya cuenta con la decisión final de inversión y las empresas avanzan con los preparativos para desarrollar el yacimiento. Según la información publicada por las propias compañías, las perforaciones están previstas para comienzos de 2027, mientras que la primera producción de petróleo se proyecta para el primer trimestre de 2028.
La diferencia entre esos plazos es relevante: el Gobierno argentino busca impedir que las actividades avancen antes de que se resuelva la controversia jurídica internacional.
Qué debe resolver el Tribunal del Mar
Durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, la delegación argentina solicitó medidas provisionales para suspender las actividades vinculadas con Sea Lion hasta que se constituya el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene competencia para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas. Su intervención se limita a determinar si corresponde adoptar medidas urgentes relacionadas con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El organismo fijó el 28 de noviembre como fecha para comunicar su decisión sobre el pedido argentino.
La posición argentina y la respuesta británica
Quirno también cuestionó la postura del Reino Unido, al que acusó de desconocer las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia por la soberanía del archipiélago.
La delegación argentina reiteró ante el tribunal la disposición del país a retomar las negociaciones bilaterales con Londres. El planteo busca que el Reino Unido suspenda las actividades petroleras y respete los mecanismos internacionales para resolver el conflicto.
Por su parte, las empresas sostienen que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y con el respaldo del Gobierno británico. Navitas afirmó que las objeciones argentinas no deberían afectar el cronograma de desarrollo del proyecto.
Quirno manifestó que espera que Londres acate una eventual resolución favorable a la Argentina. Advirtió que desconocer una orden del tribunal implicaría un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino Unido.
