La pareja de Lázaro Báez fue trasladada a la cárcel de Ezeiza
Claudia Insaurralde quedó alojada en el penal de Ezeiza por orden de la Justicia Federal. Su defensa pidió que cumpla la prisión preventiva en una casa de San Vicente y presentó argumentos médicos y familiares. La mujer está investigada por su presunta participación en la administración de bienes vinculados a Lázaro Báez.

Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue trasladada este domingo 15 de noviembre al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde deberá cumplir 180 días de prisión preventiva. Mientras avanza la investigación por la presunta administración irregular de bienes vinculados al empresario, su defensa solicitó que pueda continuar detenida bajo arresto domiciliario en una vivienda de San Vicente.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. Insaurralde había sido detenida el 9 de noviembre en el aeropuerto de Ezeiza, cuando regresaba de la Patagonia, junto a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como «Budín» y señalado como colaborador de Báez.
Según informó Infobae, el pedido de prisión domiciliaria fue presentado por la abogada Yanina Nicoletti, quien negó que su defendida haya intentado escapar de la Justicia. Entre los argumentos expuestos mencionó sus antecedentes médicos, la necesidad de continuar con controles de salud y la situación de sus dos hijos menores, de 13 y 15 años.
En relación con su estado de salud, la defensa presentó documentación que acredita que Insaurralde padeció un carcinoma mamario en 2024, por el que recibió quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas. También advirtió sobre un estudio médico pendiente y la necesidad de mantener los controles correspondientes.
Otro de los fundamentos del planteo es la situación familiar. Según el escrito, los adolescentes quedaron al cuidado de una prima después de la detención de su madre, pero esa asistencia no podría sostenerse en el tiempo por dificultades económicas y de salud.
La investigación busca determinar si una organización continuó administrando y explotando económicamente propiedades, campos, sociedades y maquinarias vinculadas a Báez, pese a que esos bienes estaban embargados o decomisados por la Justicia.
La hipótesis fiscal sostiene que el empresario habría seguido impartiendo instrucciones desde la cárcel para gestionar alquileres, contratos y actividades ganaderas, con la colaboración de personas de su entorno.
A Insaurralde se le atribuye un presunto papel de enlace y administración territorial de esos activos. Entre las operaciones investigadas figuran el alquiler de un departamento en Río Gallegos y el cobro de alquileres de otra propiedad.
La defensa también rechazó los argumentos sobre una supuesta falta de arraigo en Buenos Aires. Sostuvo que los viajes de Insaurralde a Santa Cruz respondieron a cuestiones familiares y personales, y remarcó que sus hijos concurren a establecimientos educativos de San Vicente.
Ahora, el juez Claudio Vázquez deberá resolver si mantiene a la mujer en el establecimiento penitenciario o le concede el arresto domiciliario. Para tomar una decisión, podría solicitar previamente la opinión del fiscal de la causa.
