La motosierra sigue: preparan otra ola de despidos estatales
El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de reducción de personal en la administración pública y analiza recortes adicionales en distintos ministerios. La estrategia es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y forma parte del plan de ajuste que el presidente Javier Milei mantiene como una de las principales políticas de gestión.
Según fuentes oficiales consultadas por este medio, equipos técnicos vinculados a la cartera de Sturzenegger recorren distintas dependencias estatales para evaluar la cantidad de trabajadores, las funciones que desempeñan y la posibilidad de reducir las dotaciones sin afectar los objetivos de cada área.
La revisión apunta a determinar si determinadas tareas pueden realizarse con menos personal y a identificar sectores donde podrían concretarse nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.
La política de ajuste sobre el empleo público ya tuvo un fuerte impacto desde el inicio de la gestión libertaria. De acuerdo con datos oficiales difundidos por el Ministerio de Desregulación y relevamientos sobre la dotación estatal, más de 50.000 puestos de trabajo fueron eliminados desde diciembre de 2023. Informes más recientes elevan esa cifra a más de 60.000 trabajadores entre la administración central, organismos descentralizados, empresas públicas y fuerzas de seguridad.
En paralelo, dentro del oficialismo aseguran que el proceso de reorganización del Estado continuará durante 2026. Distintas versiones señalan que el Gobierno busca seguir reduciendo estructuras y planteles en organismos nacionales para profundizar el ajuste del gasto público.
Sin embargo, la posibilidad de nuevos despidos genera preocupación en sectores de la administración pública. Algunos funcionarios consideran que la reducción de personal podría afectar el funcionamiento de determinadas áreas y complicar la prestación de servicios estatales.
Frente a este escenario, los sindicatos estatales anticipan una fuerte resistencia. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó que el gremio confrontará cualquier intento de avanzar con nuevas cesantías y reclamó la reapertura inmediata de las negociaciones salariales.
“No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, sostuvo el dirigente sindical.
Aguiar también advirtió que, si no se reabren las paritarias, el sindicato incrementará las medidas de protesta en distintos organismos públicos.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también expresaron preocupación por los planes oficiales. El gremio cuestionó la continuidad de los despidos y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales.
En ese sentido, señalaron que entre los trabajadores desvinculados hay empleados con más de una década de antigüedad y amplia experiencia en la administración pública. Además, destacaron que una amplia mayoría de los agentes aprobó las evaluaciones impulsadas por el Gobierno.
Para UPCN, la discusión debe centrarse en mejorar la eficiencia del Estado sin afectar su capacidad de brindar servicios a la población. Desde la organización sostienen que cualquier proceso de modernización debe preservar las funciones esenciales de la administración pública y garantizar la atención de los sectores más vulnerables.
