La Justicia habilitó otra apelación del Gobierno por los fondos universitarios

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó este martes 20 de octubre una nueva apelación del Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento universitario. La Sala III ordenó tramitar el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick de avanzar con la ejecución de una medida cautelar que exige actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar fondos para becas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. Con esta decisión, el Estado podrá discutir ante la Cámara las resoluciones de primera instancia que lo intimaron a cumplir con la medida judicial.

El planteo también alcanza la intimación que estableció un plazo de cinco días para acatar la cautelar, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La misma Sala III había suspendido provisoriamente esas sanciones el 15 de octubre, mientras se analiza la apelación correspondiente.

Sin embargo, la Cámara aclaró que admitir los recursos no implica pronunciarse sobre el cumplimiento de la medida cautelar ni determinar si el Gobierno está obligado a mantenerla vigente. Esas cuestiones deberán resolverse durante el avance del expediente.

Los argumentos del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, interpretaron la decisión como una oportunidad para discutir el alcance temporal de la cautelar. La cartera sostiene que el plazo previsto originalmente ya venció y que el Estado cumplió con las obligaciones contempladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El Ejecutivo argumenta que los aumentos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación del período. También sostiene que las becas alcanzadas por la norma corresponden al Programa 26, entre ellas las Manuel Belgrano, y no a las becas Progresar.

La defensa del Estado cuenta con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. En paralelo, el Gobierno mantiene su cuestionamiento a la interpretación judicial sobre la aplicación de la ley y el alcance de las obligaciones presupuestarias.

El origen del conflicto por los fondos universitarios

La causa comenzó con un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos necesarios.

El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló esa sentencia, que se tramita en el expediente principal, mientras continúa la disputa por la ejecución de la medida cautelar.

La controversia se profundizó ante los reclamos de las universidades públicas por la actualización de los salarios y las becas. El 15 de octubre, la Cámara había suspendido provisoriamente las multas contra Santilli, sin resolver el fondo del planteo.

Con la nueva resolución, el Gobierno suma otra instancia para discutir las obligaciones impuestas por la Justicia. La Cámara todavía debe definir los planteos presentados y su decisión no equivale, por sí sola, a una autorización para incumplir la cautelar.