La Justicia frenó las multas al Gobierno por los fondos universitarios
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios impuestas a Diego Santilli por el presunto incumplimiento de la cautelar sobre financiamiento universitario. La sanción queda en pausa mientras se tramita la apelación del Gobierno, pero la medida cautelar continúa vigente.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias contra el Gobierno por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión llegó un día después de que el juez Martín Cormick fijara una sanción de $100.000 por cada jornada de demora.
El tribunal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que tramite la apelación del Estado con efecto suspensivo. De esta manera, la ejecución de la multa quedó en pausa mientras se analiza el planteo oficial.
La sanción había sido impuesta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la falta de cumplimiento —según la evaluación del juez— de las obligaciones establecidas en una medida cautelar: actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El reclamo de las universidades
Cormick había dispuesto la multa tras un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que las obligaciones fijadas por la Justicia continuaban pendientes.
La medida buscaba que el Poder Ejecutivo avanzara con las actualizaciones salariales y las partidas para becas contempladas en la normativa. Tras conocerse la sanción, el Gobierno anunció que apelaría y sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida.
La controversia forma parte de una disputa judicial más amplia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización de los salarios del personal de las universidades y de los recursos destinados a la asistencia estudiantil.
La cautelar sigue vigente
La resolución de la Cámara no implica que el Gobierno haya quedado eximido de cumplir con la medida cautelar ni que se haya resuelto el conflicto de fondo. La suspensión alcanza provisoriamente a las multas mientras avanza el trámite de la apelación.
La discusión judicial se desarrolla en paralelo a los reclamos de las universidades por la actualización salarial y los recursos destinados a las becas. El resultado de la apelación determinará los próximos pasos respecto de las sanciones, pero no define por sí solo la validez de la ley ni el cumplimiento de las obligaciones reclamadas.
