La Justicia confirmó que el Gobierno debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Por Alejo Pombo
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata los aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), en particular los artículos vinculados a la actualización salarial docente y no docente, la recomposición de becas estudiantiles y la garantía de fondos para investigación.
El conflicto se originó cuando el Gobierno promulgó la ley —ratificada por el Congreso con dos tercios tras el veto presidencial— a través del decreto 759/25, que condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico. El Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades promovieron un amparo y en diciembre de 2025 lograron una cautelar en primera instancia, que el Estado apeló sin éxito.
En su fallo, los jueces fueron contundentes: «El proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el artículo 83 de la Constitución Nacional, lo cual no admitía variantes suspensivas». La Cámara también respondió una pregunta clave: si el Ejecutivo podía suspender una ley con otra ley anterior de igual jerarquía. La respuesta fue negativa, en línea con la doctrina de la Corte Suprema sobre jerarquía normativa.
El Gobierno anunció que apelará el fallo mediante un recurso extraordinario ante la misma Cámara y, si es rechazado, recurrirá en queja ante la Corte Suprema. En paralelo, evalúa cumplir la resolución mediante transferencias mensuales para dosificar el impacto fiscal y evitar que el gasto quede incorporado de forma plena en el presupuesto anual.
