Justicia golpea al laboratorio de fentanilo: Inhiben bienes de 33 involucrados, incluido el dueño
La Justicia ordenó la inhibición de bienes de 33 personas investigadas por la adulteración de fentanilo, entre ellas Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma. La medida cautelar busca asegurar el decomiso de activos de presuntas actividades ilícitas. El operativo se implementa ante 53 víctimas fatales.
Por María Cruz*
Justicia golpea al laboratorio de fentanilo: Inhiben bienes de 33 involucrados, incluido el dueño
En un contundente operativo judicial, la Justicia ha inhibido los bienes de 33 personas involucradas en la causa por fentanilo contaminado, medida que afecta directamente a Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma. La investigación apunta a la adulteración del opioide, presuntamente responsable de 53 muertes fatales.
El fallo, basado en el artículo 23 del Código Penal, establece medidas cautelares urgentes para asegurar el decomiso total de activos. Entre los bienes afectados se incluyen fondos de comercio, inmuebles, transportes y dispositivos electrónicos, con el objetivo de evitar maniobras para ocultar conductas delictivas o el riesgo de fuga de los investigados.
Un entramado empresarial en la mira
Según las fuentes consultadas, el tribunal determinó que la magnitud de los hechos y la complejidad del supuesto entramado societario detrás de las empresas implicadas justifican la adopción de medidas profundas y preventivas. Se busca conservar aquellos bienes que potencialmente sean fruto de actividades ilícitas, lo que, de confirmarse la conducta delictiva, facilitará el posterior decomiso.
El operativo judicial se enmarca en un esfuerzo por detener el avance de redes criminales dedicadas a la adulteración y distribución de fentanilo contaminado, un problema que ya se ha cobrado la vida de 53 personas.
Repercusión y próximos pasos
La medida ha generado un fuerte impacto en el sector, ya que se percibe como un golpe millonario al laboratorio HLB Pharma y a sus asociados. Las autoridades judiciales sostienen que las restricciones se aplican para no entorpecer la investigación y garantizar la efectiva sanción de todas las conductas delictivas imputadas en el expediente.
El caso sigue en investigación y la Justicia continuará evaluando nuevos elementos que permitan determinar el alcance total del entramado de actividades ilícitas y, en su caso, aplicar medidas adicionales contra los responsables.
