«Festival de créditos libertarios»: Pipi» Alí y Alejandro Cacace, dos lados de la grieta, una misma lista

En la política argentina, «Pipi» Alí y Alejandro Cacace representan exactamente lo opuesto. Uno es diputado nacional por Unión por la Patria, peronista, albertista, ex intendente de La Toma. El otro es ex diputado radical que cruzó de vereda y hoy trabaja como subsecretario en el gobierno de Javier Milei. Los separa todo. Excepto, según surge del escándalo que sacude a la política nacional, una línea de crédito del Banco Nación.

El diputado Ernesto «Pipi» Alí figura con un crédito hipotecario de $130.350.000 del Banco Supervielle, mientras que Alejandro Cacace —hoy subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación— aparece con un préstamo de $60 millones, también del Supervielle. Ambos nombres integran un listado más amplio que incluye créditos en bancos públicos y privados contraídos por legisladores nacionales, senadores y altos funcionarios de distintos espacios políticos.

Quién es «Pipi» Alí

Ernesto «Pipi» Nader Alí nació hace 47 años en La Toma, San Luis. Fue ministro de Seguridad provincial y candidato a intendente de su ciudad natal antes de ser elegido diputado nacional en octubre de 2023, cuando obtuvo el 27,27% de los votos bajo el sello Unión por San Luis. Abandonó la intendencia —cargo que ganó con el 69% de los votos— para asumir su banca en la Cámara baja el 10 de diciembre de ese año. En su perfil público se define como «militante peronista, albertista, abogado UBA».

Desde su banca integra el bloque Unión por la Patria y no ha ahorrado críticas al gobierno de Milei ni al gobernador Claudio Poggi. En julio de 2025 denunció penalmente al gobernador por presunta malversación de fondos, afirmando que la provincia tenía más de $93.000 millones en activos financieros mientras desdoblaba el pago de sueldos. Su aparición en la lista de créditos lo coloca en una posición incómoda: el mismo dirigente que denuncia privilegios del oficialismo aparece en la nómina que la oposición llama «festival de créditos».

Quién es Alejandro Cacace

El caso de Cacace es más complejo y más revelador. Asumió como presidente del Comité Provincia de la UCR de San Luis en 2011, a los 25 años, convirtiéndose en uno de los dirigentes provinciales más jóvenes del partido. Fue diputado provincial por dos mandatos consecutivos —2013 a 2017 y 2017 a 2019— y luego diputado nacional por Juntos por el Cambio entre 2019 y 2023, elección que ganó con el 46,67% de los votos.

Después de perder su banca, Cacace eligió un camino que generó rispideces en la UCR puntana: se incorporó al gobierno de Milei como subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo las órdenes de Federico Sturzenegger. Desde ese rol, lejos de mantener perfil bajo, empujó públicamente una alianza entre Milei y el gobernador Poggi para las elecciones de octubre de 2025, sosteniendo que «lo más natural» sería que ambos compitieran juntos.

El episodio más revelador de su deriva política ocurrió cuando desde la conducción nacional de LLA le exigieron renunciar a la UCR y afiliarse formalmente al partido libertario si quería encabezar la lista. Aunque en un primer momento manifestó que «no podía abandonar sus convicciones radicales», luego habría comunicado su intención de renunciar a la UCR. Finalmente no encabezó la lista, pero el episodio dejó en claro hacia dónde apuntaba su trayectoria.

En la Convención Radical recibió fuertes reproches de dirigentes históricos del partido por haberse sumado al gabinete de Milei. Hoy es lo que en la jerga política se llama un «radical con peluca»: alguien que llegó con la boina blanca y opera bajo el paraguas libertario.

El escándalo que los une

La nómina más amplia de los 50 nombres incluye no solo a oficialistas, sino también a referentes de la oposición, lo que complica el relato político de cualquier sector. Desde el Banco Nación defendieron el proceso como «homogéneo, sin excepciones», aclarando que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos denominada «+Hogares sector público», que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble a una tasa del 6% anual, una de las más competitivas del mercado.

Pero la defensa técnica no resuelve la contradicción política. La difusión del listado impactó por el tamaño de los compromisos asumidos y por una paradoja que la oposición no tardó en explotar: muchos de los beneficiarios pertenecen al espacio que hizo del cuestionamiento al Estado uno de sus principales estandartes, pero acudieron a una entidad estatal para obtener financiamiento altamente competitivo.

Para «Pipi» Alí, la paradoja es diferente pero igual de incómoda: es un legislador opositor que denuncia privilegios del poder y que aparece en la misma lista que los funcionarios que critica. Para Cacace, el problema es la coherencia: un ex radical que se alineó con el discurso antiestatal del mileísmo y que, a la hora de financiar su vivienda, eligió el banco del Estado.

San Luis aportó dos nombres al escándalo. Y ninguno de los dos queda bien parado.