España paraliza los desalojos hasta 2030 tras las protestas

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un paquete de medidas para reforzar la protección frente a los desalojos hasta 2030, prorrogar contratos de alquiler y regular distintas modalidades de arrendamiento, en medio de las protestas generadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años.

El caso de Abascal, quien había vivido durante más de 70 años en la misma vivienda, provocó una fuerte reacción social y movilizaciones en Madrid. Cientos de personas instalaron un acampe en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.

El Ejecutivo aprobó dos reales decretos-ley. Uno amplía hasta 2030 la protección frente a los desalojos para personas vulnerables y establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

El paquete también incorpora la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, con el objetivo de evitar que esas modalidades sean utilizadas para eludir las normas aplicables a la vivienda habitual.

Otra de las medidas establece restricciones a la compra especulativa de viviendas por parte de fondos de inversión hasta finales de 2028. El Gobierno también anunció mecanismos para favorecer una mayor oferta de alquiler asequible.

En paralelo, el Ejecutivo acordó avanzar con la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales demandas de las organizaciones de inquilinos. Esta medida quedó vinculada a un segundo decreto.

El paquete fue impulsado por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar después de varios días de negociaciones y de una creciente presión social por el acceso a la vivienda. La iniciativa todavía debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

El desalojo de Maricarmen se convirtió en el detonante de las últimas movilizaciones. La mujer fue retirada de la vivienda en la que residió durante décadas y posteriormente recibió una propuesta para regresar al inmueble con un nuevo contrato y un alquiler de alrededor de 500 euros mensuales.

La situación habitacional española se desarrolla además en un contexto de fuerte déficit de viviendas. El Banco de España estimó una falta de alrededor de 750.000 unidades entre 2021 y 2025 y advirtió que el déficit podría seguir aumentando si no se incrementa la oferta.

Las organizaciones de inquilinos valoraron las nuevas medidas, aunque anticiparon que continuarán las movilizaciones para reclamar mayores garantías y cambios estructurales en el mercado de alquiler. El debate sobre cómo ampliar la oferta de viviendas y contener los precios continuará ahora en el Congreso.