En el 2020 San Luis intensificará el trabajo sobre adopciones en niños de 5 años y adolescentes
La responsable de la delegación del Registro Único de Adoptantes (RUA), de la Segunda Circunscripción de la provincia de San Luis, Myriam Monasterolo, afirmó hoy que el desafío del área para 2020 en la provincia trabajar sobre adopciones de niños y niñas mayores de 5 años y adolescentes.
Monasterolo hizo estas consideraciones en el balance anual del RUA San Luis, en el que además resaltó que durante el 2019 la mayor parte del trabajo ha sido con ese rango etario pero que esto “no resulta sencillo, ya que llegan al ámbito judicial con dolencias que sanar y no les resulta fácil integrarse con familias desconocidas”.
Y aclaró que el listado provincial de personas dispuestas a “ahijar a niños y niñas” no es suficiente en San Luis, por lo que “se proyecta como desafío a trabajar este nuevo año».
Además, la profesional destacó que se incrementaron las “adopciones integrativas” y se logró la aplicación del artículo 616 del Código Procesal Civil, por el que se pueden impulsar las adopciones de oficio.
«Etas adopciones resultan beneficiosas para garantizar el derecho a tener legalmente una familia definitiva y en los Juzgados, para obviar el trámite de un juicio nuevo, evitando el desgaste jurisdiccional que ello implica», explicó.
Precisó que en 2019, unos 17 niños, niñas y adolescentes (NNA) tuvieron la posibilidad ser vinculados en “guarda preadoptiva” con postulantes del listado provincial, lo que implica un exhaustivo trabajo de evaluación de postulantes, conocimiento de los niños en estado de adoptabilidad y acompañamiento en los procesos de vinculación, los cuales se sostienen durante un mínimo de seis meses, a los fines de evitar posibles revocaciones.
«Este logro –indicó- se pretende hacer extensivo a los demás juzgados de Familia de la Provincia en el próximo año, entendiendo que tener una familia adoptiva es un derecho del niño, niña o adolescente, que por diversos motivos se han visto privados de su familia de origen; previendo el Código Civil desde 2015 que dicho trámite pueda impulsarse de oficio.
