El Gobierno envió a Diputados el proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 13 Años y establecer nuevo régimen penal juvenil
Por Alejo Pombo
El Gobierno giró a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, con una pena máxima de 20 años y prohibición de reclusión perpetua.
El oficialismo argumenta que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio la presentación de esta iniciativa debido al aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. No se impondrá reclusión perpetua a menores, siendo el máximo de prisión de 20 años, aunque la escala penal podría ser más elevada en casos de concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
El texto agrega que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto del menor que ha infringido la ley penal. Por ello, resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a la realidad social actual.
El oficialismo subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil, “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales – y con las necesidades de la sociedad”.
