El gobierno de Milei apuesta por menos leyes y más justicia con la «Ley Hojarasca»
El Gobierno envió al Congreso la «Ley Hojarasca», que propone derogar 70 leyes obsoletas para promover mayor libertad individual y reducir la burocracia estatal. La medida es parte de las reformas desreguladoras impulsadas por Javier Milei y su equipo. Se espera que estas reformas continúen en otros sectores clave de la economía.
Por Alejo Pombo
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, anunció hoy que el Gobierno ha enviado al Congreso la «Ley Hojarasca», un proyecto que busca derogar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas y que, según el comunicado oficial, «representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad». Esta medida es parte de la estrategia del presidente Javier Milei para reducir la burocracia estatal y avanzar hacia una Argentina con mayor libertad y menos regulaciones.
La Ley Hojarasca incluye la derogación de normativas sancionadas durante distintos períodos de la historia argentina, abarcando gobiernos de Isabel Perón, Agustín Lanusse, Juan Domingo Perón, Jorge Rafael Videla, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, entre otros. «Estas leyes fueron en su momento parte de un marco legal que ya no se ajusta a las realidades actuales ni a las demandas de una sociedad que busca mayor libertad individual», señaló el comunicado de la cartera desreguladora.
Sturzenegger, conocido por su enfoque técnico y pragmático, citó en el anuncio el adagio “cuanto más leyes menos justicia”, apoyándose en el jurista norteamericano Grant Gilmore, quien afirmaba que «cuantas más leyes peor será una sociedad». En línea con esta filosofía, el proyecto apunta a crear un «cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo», en palabras del propio ministro.
Los 6 motivos de la derogación
El Gobierno realizó un exhaustivo análisis de las leyes argentinas y estableció seis criterios clave para su derogación:
- Normas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
- Leyes que eliminan trámites innecesarios y burocráticos.
- Normas superadas por legislaciones posteriores.
- Leyes que han quedado obsoletas debido a los avances tecnológicos.
- Normativas que regulaban instituciones o organismos que ya no existen.
- Leyes que financiaban organismos públicos que, según el proyecto, deberían ser autosustentables.
De esta forma, el proyecto busca desmantelar un entramado legal que el gobierno considera excesivo y que, según Sturzenegger, ha sido un freno para el desarrollo económico y la iniciativa privada. «Queremos una Argentina más libre, con menos interferencia del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos», expresó Sturzenegger en su comunicado.
Desregulación y más libertad
La «Ley Hojarasca» es parte de una serie de reformas que el presidente Milei y su equipo han impulsado para desregular el Estado y reducir su tamaño. La primera de estas reformas fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que derogó la Ley de Alquileres de 2020, otorgando mayor libertad a las partes para definir plazos, actualizaciones y condiciones de los contratos de alquiler.
Otra reforma clave surgida bajo la gestión de Sturzenegger fue la «Ley Bases», que tras varias negociaciones fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Este proyecto permitió simplificar la estructura del Estado, eliminando superposiciones de competencias y organismos que ya no cumplían funciones vitales.
Reformas en el transporte
Paralelamente, el gobierno anunció la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, en una medida elaborada en conjunto con el Ministerio de Transporte. Esta reforma, publicada en un decreto el pasado lunes, 7 de octubre, permite a las empresas de transporte operar servicios con solo registrar una combi, elegir recorridos, fijar frecuencias y establecer precios de forma libre. Además, las empresas podrán recoger pasajeros en aeropuertos y puertos, facilitando la movilidad de los ciudadanos.
Aunque algunos sectores del transporte han expresado preocupaciones sobre una posible saturación del mercado, el gobierno destacó que esta apertura se implementará gradualmente para asegurar una transición ordenada. El nuevo sistema comenzará a regir dentro de 60 días, con el objetivo de ofrecer más opciones a los usuarios y fomentar la competencia en el sector.
Con estas medidas, el Gobierno de Javier Milei reafirma su compromiso de avanzar hacia un Estado más ágil y eficiente, que promueva la libertad individual y reduzca la carga regulatoria sobre los ciudadanos y las empresas.
