Por Alejo Pombo
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que cinco policías puntanos sean imputados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales cometidos contra una mujer que el 5 de abril de 2020 fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, donde había sido detenida por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado ante la pandemia de coronavirus.
Mientras que desde el organismo de Derechos Humanos buscan llegar a fondo para determinar si la muerte de Florencia Magalí Morales (39) fue un caso de violencia institucional, el fiscal que investiga el hecho, Roberto Silvestre, imputó a los cinco policías que ese día estaban en la dependencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no les endilgó responsabilidad en el fallecimiento de la mujer .
Para el organismo nacional, constituido a principios de este mes como parte en la causa, lo hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial, lo que le hicieron saber al juez del caso, Jorge Pinto, quien mediante un traslado solicitó conocer su posición.
En el escrito, firmado por Horacio Pietragalla Corti, como particular damnificado por la Secretaría de DDHH, se enumeran las prueba que constan en el expediente y que hacen presumir que se está ante un caso de violación de los derechos humanos.
«Morales fue ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que -según consta- no tenía en su poder. Estos hechos de inusitada gravedad no pueden ser livianamente subsumidos al art. 249 del Código Penal, porque eso sería obviar los graves delitos que hemos enunciado, propiciando directamente un escenario de impunidad», expresa el escrito.
Por tal motivo, la Secretaría de DDHH solicitó que «se cite a indagatoria a los policías que estaban cumpliendo funciones en día 5 de abril de 2020» en esa comisaría «por haber sido responsables de la privación ilegítima de la libertad de Florencia Magali Morales mediando abuso de autoridad; y por haberle propinado apremios ilegales».
«Ello, sin perjuicio de que se continúe investigando la causa de la muerte de Morales y la posible responsabilidad de los agentes policiales en dicho resultado, que hasta aquí no puede descartarse, sino todo lo contrario», añade la presentación judicial.
Para esa parte, la la privación ilegítima de la libertad de Morales quedó probada en base a testigos que indicaron que fue detenida y encerrada en un calabozo «por exclusiva decisión policial, sin orden judicial, por un supuesto delito que sólo requería la realización de un acta y su inmediata liberación», ya que se trataba de la violación del ASPO.
En cuanto a los apremios ilegales, desde el organismo dejaron asentando que el informe médico realizado a Morales antes de ser alojada en la comisaría indica que se hallaba «sin lesiones corporales» y que «en el lapso de tiempo de las 9:45 horas, que salió del hospital, y alrededor de las 19 horas, cuando fue encontrada sin vida por efectivos policiales, recibió apremios ilegales» en la comisaria. Al respecto, destaca que la mujer fue hallada ahorcada con un cordón negro a pesar de que le habían quitado el calzado y que no había ningún elemento de ese tipo en la celda.
