El dato que puso en duda los “30.000 terroristas” de Milei

El Gobierno nacional salió este martes a explicar la cifra de 20.630 extranjeros mencionada por el presidente Javier Milei al hablar de personas que habían sido expulsadas o impedidas de ingresar al país. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que dentro de ese número hay personas rechazadas por distintos motivos migratorios y no pudo precisar cuántas estaban vinculadas efectivamente con organizaciones terroristas.

Ravier citó un informe del Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, que contabiliza 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. Según el documento, el 72,3% corresponde a extranjeros rechazados o no admitidos al intentar ingresar a la Argentina.

El funcionario explicó que esas personas fueron detectadas por distintos motivos: perfiles de riesgo, antecedentes o condenas, documentación irregular o incumplimiento de los requisitos migratorios.

En cuanto a las expulsiones, Ravier señaló que el 84,2% corresponde a extraditados o personas con alerta roja de Interpol. Entre los rechazados o inadmitidos, las principales nacionalidades fueron Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.

La diferencia con los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según el vocero, porque el Presidente incorporó otros 10.000 casos registrados antes del período contemplado por el informe.

Consultado específicamente sobre si todos esos extranjeros eran terroristas, Ravier respondió que se trataba de “posibles terroristas”, personas que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional o, simplemente, individuos que no ingresaron por diferentes razones.

La propia información oficial del Ministerio de Seguridad describe el universo como expulsados, rechazados o inadmitidos por incumplir las condiciones para ingresar o permanecer en el país, sin identificar al conjunto de esos casos como personas vinculadas al terrorismo.

Ravier vinculó los controles con la reforma migratoria impulsada por el Gobierno y sostuvo que el objetivo es reforzar los controles en las fronteras y evitar el ingreso de personas con antecedentes, documentación irregular o que no cumplan con las condiciones establecidas.

Los cambios en la Quinta de Olivos

Durante la misma conferencia, Ravier también explicó la reorganización de la seguridad en la Quinta de Olivos. Señaló que la decisión responde a dos factores: amenazas recibidas por funcionarios de primer nivel y la preparación de medidas de seguridad vinculadas con la visita del papa León XIV.

La Casa Militar pasó a concentrar las funciones de seguridad de la residencia presidencial y de otros lugares donde se encuentre el Presidente. El Gobierno había desplazado a 12 trabajadores civiles durante la reorganización, aunque posteriormente se acordó su reincorporación y reubicación en dependencias de la Casa Rosada.

Ravier evitó establecer una relación directa entre los 20.630 casos migratorios y la decisión sobre Olivos. En cambio, sostuvo que ambas cuestiones forman parte de un esquema más amplio de seguridad presidencial y protección de funcionarios.

Desde la oposición cuestionaron la falta de precisiones sobre los supuestos casos vinculados al terrorismo y anticiparon pedidos de información oficial para conocer qué situaciones concretas fueron contabilizadas dentro de las cifras difundidas por el Gobierno.