La Cámara de Diputados se encaminaba a votar durante la madrugada el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en una sesión especial que derivó en un debate histórico en el que las aguas están divididas de acuerdo a las convicciones personales de cada legislador.
Los diputados que impulsan el proyecto para la legalización del aborto confiaban esta noche en que superarán los 129 votos a la hora de la definición, un número suficiente para aprobar y girar la iniciativa al Senado.
El pleno del cuerpo comenzó a deliberar a las 11 de la mañana y tenía previsto agotar el debate cerca de las 4 de la madrugada para poner a votación el dictamen de mayoría emitido ayer por un plenario de cuatro comisiones.
Tras la votación del proyecto de legalización del aborto se comenzará a debatir el dictamen sobre el Plan de los 1000 días para la protección de la mujer embarazada y los primeros años de la infancia.
La sesión especial, impulsada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se desarrolló con multitudinarias concentraciones en las adyacencias del Congreso Nacional, convocadas por los grupos verdes a favor del aborto y los celestes en contra.
A lo largo de la sesión- la primera presencial tras la pandemia- el presidente de la cámara, Sergio Massa, pidió que se cumplan los protocolos y los tiempos de oratoria.
Concurrieron a observar la sesión los ministros de Salud Gines González García; de las Mujeres, Género, y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la titular de Anses, Fernanda Raverta.
El proyecto que se aprestaba a votar esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otra sanatorio u hospital
Como sucedió en otros debates históricos, como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción responsable, y el aborto en el 2018, las aguas se dividan no por afinidad política sino por las propias convicciones de cada legislador.
Los discursos muestran la división transversal que genera el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
Los argumentos de quienes impulsaron la legalización del aborto subrayan que se trata de un problema de salud publica y una herramienta para terminar con los abortos clandestinos, mientras quienes se oponen dijeron que se deben salvar las dos vidas y que ese principio está contemplado en la Constitución Nacional
A abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
La diputada del Pro, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la «eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida».
En su discurso, Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que «el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción».
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que el presidente Alberto Fernández, «envió un proyecto que nos divide» y se preguntó: «Con qué cara vamos a decir que es una prioridad este tema con 44 por ciento de pobres».
En cambio, su par de bancada, el presidente de la Coalición Cívica, Máximiliano Ferraro, señaló que «la dimensión de mi voto positivo va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia a un partido».
«Mire, por mi orientación sexual, me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza», sostuvo.
A su turno, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento».
Destacó que se trata de «una de las leyes más importantes» que se necesitan «desde el regreso de la democracia».
Desde el mismo oficialismo, el ex gobernador de la Rioja Sergio Casas dijo que «busco representar el sentir mayoritario del pueblo riojano, guiándose «por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción».
Por otra parte, la diputada del Frente Misionero de la Concordia, Flavia Morales, anticipó que votará a favor pese a que en el 2018 lo hizo en contra y dijo que «la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“.
Por su parte, el legislador de Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis Ramón, insistió con su proyecto de llamar a una consulta popular sobre el aborto y dijo que «este debate no puede ser resuelto por mayorías circunstanciales».
La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, habló desde el hospital en el cual se encuentra internada y señaló que «de ningún modo es en contra de la vida» y «por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia».
La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag dijo que «el aborto no es la solución» y que si se quiere «que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes».
