Diputados aprobó la ley de propiedad privada y restituyó límites a extranjeros

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, y lo giró nuevamente al Senado para su revisión definitiva. La iniciativa incorpora cambios en el régimen de expropiaciones, busca acelerar los desalojos y restituye la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que establece restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

El texto ya contaba con media sanción de la Cámara alta, pero las modificaciones introducidas durante el debate obligan a que los senadores vuelvan a tratarlo antes de que pueda convertirse en ley.

La restitución de la Ley de Tierras representa uno de los cambios centrales del proyecto. La normativa había quedado alcanzada por el artículo 154 del DNU 70/2023, que dispuso su derogación. Con la nueva redacción, el proyecto propone dejar sin efecto ese artículo y recuperar las restricciones establecidas por la Ley 26.737.

Qué límites establece la Ley de Tierras

La legislación fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional. Ese límite también se aplica a las provincias y municipios, mientras que las personas o entidades de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% del porcentaje permitido para la titularidad extranjera.

Además, establece un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente según la ubicación— para un mismo titular extranjero, junto con restricciones relacionadas con cuerpos de agua y zonas de frontera.

La incorporación de estas disposiciones modificó la posición inicial del oficialismo, que había impulsado la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

Expropiaciones y desalojos, otros ejes del proyecto

La iniciativa también endurece los requisitos para las expropiaciones estatales. El texto establece criterios más estrictos para declarar un inmueble de utilidad pública y modifica el cálculo de las indemnizaciones, con el objetivo declarado de limitar decisiones arbitrarias y establecer parámetros más precisos para el procedimiento.

En materia de desalojos, propone un trámite judicial más rápido para recuperar inmuebles ocupados o cuya tenencia sea irregular. El alcance de estos cambios dependerá del texto definitivo que apruebe el Congreso y de su aplicación en los tribunales.

Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad. Desde la oposición, Pablo Juliano cuestionó el cambio de postura del Gobierno respecto de la Ley de Tierras, mientras que Maximiliano Ferraro advirtió sobre los efectos de las modificaciones en materia de expropiaciones y en la protección de los recursos naturales.

Por su parte, Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, sostuvo que los cambios podrían dificultar futuras intervenciones estatales y vinculó el debate con los antecedentes de la política energética argentina.

La votación reunió al oficialismo, el PRO, la UCR y otros bloques aliados. Unión por la Patria, sectores de izquierda y varios legisladores provinciales rechazaron el proyecto. Seis diputados se abstuvieron.

Otros proyectos incluidos en la sesión

Durante la misma sesión, Diputados también dio media sanción a una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, orientado al seguimiento de medicamentos de alto riesgo, entre ellos el fentanilo.

Además, avanzó un proyecto para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal y establecer sanciones para ataques contra establecimientos y sistemas de producción agropecuaria. La agenda legislativa incluía también iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.