El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta fue detenido esta tarde en la causa por irregularidades en la compra de gas licuado durante la gestión de su ex jefe, Julio De Vido.
El arresto se produjo en el barrio porteño de Belgrano, tras la orden emitida por el juez federal Claudio Bonadio.
Bonadio procesó y ordenó hoy detener a De Vido y a su mano derecha, Baratta, aunque al ex ministro aún se le deben quitar los fueros parlamentarios para proceder a su arresto.
Para el juez, los dos funcionarios fueron quienes «diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad».
Según el magistrado, la participación de De Vido y Baratta «en los sucesos lograba sortear cualquier control posible, pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron».
El juez advirtió que «un modo de llevar a cabo los actos infieles en perjuicio de la administración era a través de intermediarios», y por ello «es posible sostener que los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad».
El fallo reseñó que «Baratta posee al menos una causa en trámite en estado avanzado» -la causa de Río Turbio por la que se pidió el desafuero de De Vido-, mientras que el ex ministro «tiene varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional».
«Las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta, como también de que la entorpecerán».
