Por Alejo Pombo
Autoridades del Ministerio de Defensa detectaron irregularidades por un monto de 200 millones de pesos, lo que ha iniciado una investigación para determinar el destino de esos fondos y los bienes presuntamente adquiridos.
Se trata de contratos celebrados durante la gestión de Cristina Kirchner con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores. Fuentes de la cartera a cargo de Luis Petri confirmaron que el Estado abonó cifras millonarias por materiales y modernización de unidades, incluyendo el proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al cual se destinaron 200 millones de pesos.
El SARA tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados (drones), pero estos nunca se completaron. Además, se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100 que tampoco se entregaron.
En 2015, el Gobierno suscribió un convenio con el INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados por un monto de más de 2 mil millones de pesos. De ese monto, se abonaron 200 millones, pero el contrato quedó pendiente en 2016. En noviembre de 2017, la cartera que encabezaba Oscar Aguad solicitó al INVAP un informe sobre el grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados.
Luis Petri declaró a El Observador que se había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) manejado por dirigentes de Juan Grabois, donde se pagaron más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares que había sido dado de baja. Además, se cuestionó el uso de Tandanor, una empresa estratégica de la defensa, para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus y 5250 bicicleteros, en lugar de enfocarse en el mantenimiento y construcción de buques.
En cuanto a los drones, se destinaron más de 21 millones de dólares a proyectos que no produjeron un solo dron de fabricación nacional. Petri enfatizó la necesidad de fabricar drones en Argentina para el control y vigilancia de fronteras y espacio aéreo marítimo.
FADEA también fue objeto de investigación, donde se detectaron pagos por más de 260 millones de dólares sin devolución en prestaciones concretas, resultando en la falta de aviones IA 100, Pampa y remolcadores.
Ante esta situación, se solicitaron auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones, al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), tras lo cual se analizará la presentación de acciones judiciales. Se investiga particularmente el alcance de convenios con FADEA y Tandanor por la incorporación y modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará y 14 embarcaciones, incluyendo la coberta ARA Parker.
Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa transfirió unos 166.391.225 dólares a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones.
