Por Kenia Benedetti
Desde el comienzo del 2021 pasaron 59 días, y ya son 59 los femicidios ocurridos en todo el país, según los registros del Observatorio Lucía Pérez, donde se destaca que en la mayoría de los casos existían denuncias previas de violencia de género contra los victimarios, en una situación que «una vez más, expone las fallas en las políticas públicas de prevención y su insuficiencia».
Durante este mes de febrero que hoy termina en el padrón que actualiza diariamente los femicidios indica que la cifra asciende a 22 mujeres asesinadas, en general por sus parejas y ex parejas, mientras que en enero fueron 37, aunque hay otros tres casos que aún son materia de investigación.
En los próximos días, el Observatorio Lucía Pérez (impulsado por los padres de la adolescente drogada, abusada y muerta en la ciudad de Mar del Plata en octubre de 2018) difundirá su informe de febrero, en el que detallarán cada uno de los femicidios, con sus particularidades, tal como lo hizo en el primer mes del año. En el de enero, reseñaron que se produjeron 37 femicidios y travesticidios, que dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas, que hubo 29 intentos de femicidios, 25 niñas y niños quedaron huérfanos y que las organizaciones sociales y colectivos feministas acompañaron a los familiares de las víctimas en 23 marchas exigiendo justicia.
«Renovamos la urgencia, una vez más, de que las familias sean escuchadas en el diseño de las políticas públicas para construir el freno a la violencia femicida. Renovamos el pedido urgente de campañas de prevención en estos meses donde, desde hace años, demuestran una tendencia trágica. Renovamos el grito que en cada punto del país sale a la calle para decir: basta. Y exigimos nuevamente el real compromiso por parte del Estado, y de quienes conforman cada uno de sus poderes, con todo lo que expresa el grito Ni una más», puntualizaron desde el Observatorio Lucía Pérez.
En dos de los recientes casos más resonantes, los crímenes a puñaladas de Ursula Bahillo en el partido bonaerense de Rojas y de Guadalupe Carual en la ciudad neuquina de Villa la Angostura, se cuestionó la pasividad de la Justicia y de la Policía para evitar los femicidios, ya que existían varias denuncias en contra de los asesinos.
Al respecto, la abogada penalista Raquel Hermida Leyenda opinó que «todos los femicidios cometidos durante 2021 fueron claramente evitables.
Hace varios años que quedó demostrado que el femicida es una persona conocida por las víctimas, que es o fue la pareja o que en algún momento intentó serlo a través de innumerables acosos».
La letrada dijo que «hoy una amenaza es un aviso de femicidio, pero parece que las amenazas agravadas por el vínculo por el contexto de violencia de género no son suficientes para los jueces que no las registran como un verdadero aviso de femicidio».
Hermida Leyenda sostuvo que son varias las medidas que se tendrían que tomar. «El urgente sistema de tobilleras electrónicas; una ley para que se condene a quien viola las medidas perimetrales; que exista un procedimiento simplificado de denuncias; que se unifiquen los expedientes y que los funcionarios policiales y judiciales sean condenados por incumplimiento en los deberes de funcionario público», manifestó.
«En el femicidio de Ursula, en el de Guadalupe, o en el de muchísimas mujeres que no podemos recordar sus nombres, había existido un alerta, un anuncio, una promesa, una amenaza de muerte. Y el poder policial, cómplice y encubridor, y el poder judicial inactivo, se convierten en homicidas culposos porque debido a su impericia y negligencia esas mujeres hoy están muertas», concluyó.
En tanto, Ada Rico, de La Casa del Encuentro, y quien coincide en que la mayoría de los femicidios se podrían haber evitado, señaló que «creemos que lo que ha fallado es la protección efectiva de Ursula Bahillo, de Guadalupe Curual como de todas las mujeres que acuden a la Justicia a denunciar al agresor».
«Es importante que ante una medida cautelar dictada, se proteja a la mujer. Y si se le otorga un botón antipánico hay que aplicar en paralelo una tobillera electrónica al agresor que será efectiva sólo si existe un monitoreo responsable de parte de la Justicia», explicó.
Si sos víctima de violencia familiar y sexual
Ante una emergencia, llamá a la línea gratuita 137 o enviá un Whatsapp al 11-3133-1000 desde cualquier lugar del país.
