24 julio, 2024

¿Cuales son las razones con las que el Gobierno pretende destituir a los jueces

En el proyecto enviado al Congreso se destaca el fallo por la coparticipación, pero también se mencionan los fallos sobre el Consejo de la Magistratura, el 2 x 1, y hasta la crisis de la obra social de los judiciales.

Por Ale Pombo

En el proyecto enviado al Congreso se destaca el fallo por la coparticipación, pero también se mencionan los fallos sobre el Consejo de la Magistratura, el 2 x 1, y hasta la crisis de la obra social de los judiciales.

El proyecto que presentó el Frente de Todos para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema enumera una serie de causas judiciales. La principal, sin duda, es el fallo por la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y desencadenó la crisis entre el Gobierno y la Justicia. Pero también hay referencias directas al fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, y a la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2×1 para los delitos de lesa humanidad. Otra de las razones mencionadas involucra la situación de la obra social del Poder Judicial. El pedido de juicio político destaca las irregularidades detectadas por una auditoría impulsada por el propio Máximo Tribunal.

Al desarrollar los hechos que probarían el mal desempeño de los jueces de la Corte, el proyecto apunta directo al fallo de la coparticipación. Dice que fue “una arbitraria sentencia” que puso ”en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En diciembre, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con el gobierno nacional. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA pide 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos”, afirma el proyecto.

Otra de las razones mencionadas a la hora de justificar el juicio político es el fallo de la Corte que modificó la composición del Consejo de la Magistratura. Esa resolución se conoció en diciembre de 2021: la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley de 2006 a través de la cual se reducían los integrantes del Consejo de 20 a 13.

“El fallo -recuerda el proyecto- contó con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y MAqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

En abril de este año, luego de las elecciones en cada estamento, el Consejo finalmente quedó conformado. A los abogados, jueces y académicos se les sumó el presidente de la Corte. Para el Frente de Todos, Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

En ese contexto, el proyecto menciona la filtración de supuestos chats entre el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, actualmente con licencia, y el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles. Algunos de esos mensajes referían a ese fallo. “En los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”, sostiene la acusación.

Pese a que los mensajes proviene de un supuesto hackeo, el oficialismo sostiene que sirven como prueba para el juicio político. “Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño”, sostiene el proyecto.

La nueva composición del nuevo Consejo disparó otras causas judiciales. Uno de esos casos tuvo como protagonista al senador Luis Juez, elegido por Juntos por el Cambio. En ese expediente, la Corte dijo que la división del bloque oficialista fue un “ardid” para quedarse con un lugar en el organismo cuando no le correspondía y ordenó el apartamiento del senador K Martín Doñate. Según el proyecto enviado al Congreso, en los supuestos chats “Robles también da indicaciones a D’Alessandro respecto de cómo debía proceder el senador Luis Juez en el marco de los procesos judiciales existentes, lo que una vez más pone de manifiesta la obscena promiscuidad y los espurios vínculos políticos que unen a Rosatti con Cambiemos”.

Es más, al referirse al fallo sobre Juez, el proyecto que ingresó esta mañana al Parlamento sostiene que la Corte “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

Entre la irregularidades también se menciona la acordada reciente de la Corte que dispuso la jura de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes.

El proyecto podría ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero, según el Decreto 17/2023. Anoche, el Poder Ejecutivo publicó la convocatoria a sesiones extraordinarias, en cuyo temario está incluido el pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Asimismo, se insistirá con la ampliación del máximo tribunal y con el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración.

En el caso de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el proyecto también les endilga el fallo Muiña, que avaló el cómputo del 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad.

Luis Muiña había sido condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos mientras “operaba” en el Hospital Posadas siendo parte de la seguridad del establecimiento. Fue detenido en 2007 y condenado a fines del año 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas, computándosele la pena reducida por aplicación de la ley 24.390. La Sala IV de Casación revocó la decisión, indicando que debía cumplir la totalidad de la pena. Pero la Corte, en voto dividido, le otorgó el beneficio de la aplicación del 2 x 1.

“Huelga decir que el fallo provocó un verdadero escándalo jurídico y la legítima indignación social en nuestro país. La lectura e interpretación que hicieron en sus votos los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton formando mayoría, en beneficio del represor Muiña, resulta írrita por diametralmente opuesta a la literalidad normativa de valor supremo en el Derecho, la pirámide jurídica encabezada por los instrumentos internacionales de DDHH (arts. 31 y 75 inc. 22 CN)”, sostiene el proyecto.

Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda no aparecen en ese punto porque votaron en disidencia.

Otro de argumentos utilizados para acusar a los miembros de la Corte tiene que ver con las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. El proyecto remarca que “en el año 2021, la OSPJN se vio envuelta en diferentes denuncias penales y sospechas de irregularidades en su gestión y administración, coincidente con el contexto en que debía definirse el recambio de autoridades de la CSJN” y recuerda que se iniciaron dos investigaciones por distintos hechos con trámite ante los juzgados federales de Comodoro Py.

“La Obra Social no cuenta con un sistema formal de contabilidad, ni sobre la base de los criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal de la cuestión”, señaló un informe difundido por la Corte tras una auditoría interna. En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, prótesis y medicamentos, la auditoría comparó que “durante el año 2020 se llevaron a cabo 29 contrataciones directas y 21 licitaciones públicas, mientras que en el año 2021 las contrataciones directas ascendieron a 45, mientras que las licitaciones públicas sumaron 8″.

”Quienes suscribimos el presente entendemos que el mal desempeño y los constantes incumplimiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia han ocasionado una clara vulneración del derecho a la salud de los y las trabajadoras judiciales, quienes se han visto seriamente afectados”, justifica el proyecto.

En el caso de Rosatti, también le endilgan su discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, donde el presidente de la Corte dijo que solo funcionarán los cambios en la Justicia “que tengan el consenso y participación del Poder Judicial”. “Estas expresiones, emanadas del Presidente de la Corte Suprema, no pueden ser interpretadas de otra manera que como una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales”, asegura la acusación.