Bolivia se preparaba hoy para otro día potencialmente violento luego de que policías y soldados mataran a ocho partidarios del ex presidente Evo Morales y de que la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez advirtiera que el Ejército está preparado para enfrentar las crecientes protestas.
Las manifestaciones y la represión amenazan los esfuerzos del gobierno interino de pacificar el país y de lograr reconocimiento internacional luego de que un amotinamiento policial y un pronunciamiento militar forzaran la renuncia de Morales y su asilo en México, la semana pasada.
Anoche, miles de productores cocaleros que apoyan a Morales, primer presidente indígena de Bolivia, intentaron ingresar a la ciudad central de Cochabamba desde el vecino municipio de Sacaba, pero soldados y policías se lo impidieron a los tiros, dijeron autoridades y manifestantes.
Ocho manifestantes murieron, 125 resultaron heridos y 110 más fueron detenidos, dijo el representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, a CNN en Español.
La jornada fue la más violenta en Bolivia desde el comienzo de protestas derivadas primero del discutido triunfo electoral de Morales del 20 de octubre y luego de su renuncia obligada, el domingo pasado, y su asilo en México, adonde llegó el día siguiente.
Al menos 21 personas han muerto por la crisis, 18 de ellas desde la renuncia de Morales.
Autoridades hospitalarias de Sacaba dijeron que la mayoría de los muertos presentaba heridas de bala y que se trataba del peor episodio de violencia visto en la región en 30 años.
La policía señaló que los manifestantes llevaban armas de fuego y objetos contundentes y que arrojaron bombas molotov a soldados y policías durante los enfrentamientos, y agregó que hubo varios heridos entre las fuerzas de seguridad, pero no dio cifras.
Indignados, manifestantes y familiares de las víctimas se congregaron en el lugar donde ocurrieron los hechos al grito de «¡Guerra civil, ya!», informaron medios locales.
Desde México, Morales denunció una «masacre» en Sacaba y describió como una dictadura al gobierno interino liderado por Áñez.
«Ahora están matando a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba», agregó.
Familiares de las víctimas celebraron anoche una vigilia en Sacaba. Dos mujeres lloraban y rezaban en quechua sobre sendos féretros, uno rodeado de flores y otro cubierto con la bandera tricolor boliviana y la multicolor «wiphala», que representa a las naciones indígenas.
Ayer, Áñez dijo que si Morales regresa a Bolivia deberá enfrentar a la Justicia por posibles cargos de fraude electoral, pese a que el líder socialista afirma que sigue siendo el presidente porque el Parlamento boliviano, controlado por su partido, no ha aprobado aún su renuncia.
La senadora Áñez, que ha prometido convocar elecciones para normalizar la situación institucional, agregó que Morales no podrá ser candidato, aunque sí podrá participar su fuerza política, el Movimiento al Socialismo (MAS).
La líder opositora advirtió que el Ejército y la policía diseñaron y aplicarán un plan para evitar cortes de ruta, bloqueos y desabastecimiento.
Luego de casi 14 años en el poder, Morales renunció luego de protestas nacionales por presunto fraude en los comicios del 20 de octubre.
Una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que hubo irregularidades en las elecciones y pidió su repetición.
Morales rechazó las denuncias de fraude pero convocó a repetir las elecciones.
Incapaz de frenar las protestas, finalmente renunció y se fue a México luego de que la policía se amotinara en varias regiones del país y el Ejército le pidiera dejar el cargo.
La Central Obrera Boliviana (COB), la principal del país, también le había pedido la renuncia.
Áñez se proclamó presidenta la semana pasada en una polémica sesión legislativa sin quórum, luego de la renuncia de quienes estaban antes que ella en la línea de sucesión presidencial.
Morales dijo que la autoproclamación de Áñez, reconocida por las Fuerzas Armadas, «consumó» un golpe de Estado.
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Guatemala, Rusia y el Reino Unido la han reconocido como mandataria interina hasta que convoque elecciones.
