Confirmaron el procesamiento de Marcelo Porcel y deberá usar tobillera

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario Marcelo Eduardo Porcel por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes y ordenó la colocación inmediata de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. La resolución fue firmada el 28 de mayo y ratificó la decisión adoptada en abril por el juez Carlos Bruniard.

Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini rechazaron la apelación presentada por la defensa y consideraron que existen elementos suficientes para mantener la investigación por presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y otros hechos vinculados a la causa.

Además de la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización, el tribunal dispuso la entrega de sistemas de alerta a las víctimas para advertir eventuales incumplimientos de las restricciones de acercamiento que pesan sobre el imputado.

La resolución también confirmó el embargo dispuesto en primera instancia y reforzó las medidas cautelares ya vigentes. Entre ellas se encuentra la prohibición de salida del país mientras avanza la investigación judicial.

Durante la audiencia ante la Cámara, la fiscalía, la querella y la asesora de menores solicitaron la prisión preventiva de Porcel. El planteo fue acompañado por una presentación de varias de las víctimas, quienes reclamaron medidas más severas para garantizar su protección.

Sin embargo, los jueces descartaron la detención al considerar que el empresario mantiene arraigo, domicilio conocido y no registra incumplimientos de las restricciones impuestas hasta el momento. En cambio, resolvieron fortalecer los mecanismos de control mediante vigilancia electrónica y sistemas de alerta para los denunciantes.

Otro de los puntos ratificados por la Cámara fue la extracción de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales. El tribunal sostuvo que se trata de una medida de carácter registral y probatorio que puede aplicarse durante el proceso judicial.

La causa investiga hechos que habrían ocurrido durante encuentros organizados por el empresario en domicilios y otros espacios vinculados a su entorno. Según la acusación, las presuntas víctimas eran compañeros de colegio de sus hijos y tenían entre 11 y 15 años al momento de los hechos denunciados.

Con esta decisión, la Cámara confirmó el avance de la instrucción penal y mantuvo abiertas las líneas de investigación mientras se profundizan las medidas de prueba. El expediente continuará en etapa de instrucción bajo supervisión del juzgado de primera instancia.