Por Gabriel Rodriguez
La fiscal presentó a las partes un informe que daría cuenta que, en un centro especializado, estarían más contenidos.
La fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, presentó ante el juez de Garantías 3, Marcos Flores Leyes, un informe que daría cuenta de que los dos adolescentes de 17 años imputados en el homicidio del policía Diego Gatica, y que cumplen con prisión domiciliaria, estarían en mejores condiciones en un centro de jóvenes en conflicto con la Ley Penal en Córdoba.
El documento fue elaborado por el área de Garantías de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes Infractores o Posibles Infractores a la Ley Penal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social puntano. A pedido de la Justicia, ellos intervienen en casos desde una perspectiva psicosocioeducativa para brindar contención y acompañamiento a los involucrados y sus familias.
Durán advirtió que el texto daría cuenta de ciertas vulnerabilidades que se dan en la situación actual y de los beneficios de su traslado a un centro especializado. Incluso que los tutores estarían de acuerdo, pero para las defensas de los chicos esa afirmación puntual no es cierta y creen que una internación sería perjudicial. Esa y otra controversia que surgió en la reunión obligó a Flores Leyes a suspender la audiencia y reprogramarla para mañana jueves con la participación de todas las partes para que sean escuchadas. No obstante, podría suspenderse por un planteo del defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces 1, Sebastián Privitera.
Durán comentó que solicitó la audiencia para poner en conocimiento a las partes sobre ese informe y sobre la posibilidad de mutar la prisión domiciliaria en pos de algo mejor y que tenga como objetivo el interés superior de los chicos. Y dejó en claro que su intención no es la de agravar la medida coercitiva que ya sufren, con custodia policial y acompañamiento interdisciplinario, ya que considera que con lo que hay hasta ahora no existen riesgos procesales para la investigación.
“Puse en conocimiento un informe que esta fiscalía recibió, o que en realidad recibió la doctora Daniela Benenatti del Juzgado Penal Juvenil”, le dijo a El Diario. Dicho texto da cuenta de “algunos beneficios para los adolescentes respecto a abordajes interdisciplinarios, institucionales, a la posibilidad de cursos… un lugar donde creían que los menores, en virtud de su minoridad, iban a estar mejor y a resguardo que en una detención en sus propios domicilios. Por ello me pareció acertado ponerlo en conocimiento del juez que ordenó la otra medida, pero al fin de escuchar también a la defensa de estos chicos y, sobre todo, al defensor de Niñez y Adolescencia”.
Héctor Zabala Agüero, abogado de la familia de uno de los imputados, no solo se opuso a un eventual traslado porque implicaría estar lejos de su pupilo y ejercer dificultosamente su defensa, sino que puso en tela de juicio que sea voluntad de las familias, como daría a entender el texto.
“Las personas que trabajan para este programa a pedido de fiscalía han hecho un informe tras concurrir al domicilio de los menores y manifestaron en ese informe que era voluntad de los padres solicitar el traslado por cuestiones de seguridad y protección de los mismos”, y negó que haya sido así: “No sé porque lo han manifestado así. Antes de la audiencia esta defensa ya había planteado por escrito que no era esa la voluntad de los progenitores de mi defendido, sino todo lo contrario: creen que se agravaría la medida que vienen sufriendo hasta ahora de la privación de su libertad, de no poder concurrir al colegio y demás. Además implica un desarraigo, un alejamiento de la familia y en ningún momento han manifestado eso. En la audiencia se pudo escuchar a uno de los familiares del otro imputado en el mismo sentido, que no es algo que ellos hayan solicitado. Por eso pedí que, y se hizo lugar a mi pedido, se realice una nueva audiencia en la que sean citados las personas que están sufriendo esta medida preventiva para que sean escuchados, porque es su derecho, pero además sus progenitores”, explicó.
Consultado por este medio, el defensor oficial en lo Penal 3, Matías Farinazzo Tempestini, que asiste al otro imputado, solo se limitó a decir que “se dispuso una segunda audiencia a efectos de que sean oídos los menores”.
Según su apreciación, Durán comentó que “la defensa entendió que esta internación sería equiparable a una prisión preventiva, por lo que se opuso. Además sostuvieron que no eran del todo acertadas las referencias que había en ese informe de acuerdo a lo que a ellos les había informado los familiares de los imputados”, por lo que Flores Leyes accedió a que a la audiencia también se sumen los funcionarios y asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social que intervinieron en la confección de dicho documento.
En la audiencia, Privitera también planteó la incompetencia del Juzgado de Flores Leyes arguyendo que el control de esta medida sería competencia del Juzgado de Benenatti. “El juez no hizo lugar a ese planteo de incompetencia, pero tengo entendido que se habría apelado. En caso de ser apelado por Niñez, seguramente se va a suspender la audiencia del jueves hasta tanto un Tribunal de Impugnaciones resuelva esta cuestión de quién tiene que resolver y dirimir la cuestión”, comentó Durán.
